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Jhonatan Julio Rodríguez Geraldino, alias el Mono Pecas, Juan Camilo Cárdenas Sarmiento, alias Chupeta y Ariel Enrique Hernández Guillén, alias Ariel fueron judicializados por su presunta participación en varios hurtos a vehículos en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional el pasado 10 de marzo en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro realizadas a inmuebles ubicados en los barrios Cevillar, el Bosque y la Esmeralda ubicados en el suroccidente de Barranquilla.
Durante los procedimientos les incautaron un vehículo tipo taxi, un motor, una parrilla y tres ventanas de carro. Asimismo les fueron halladas dos llaves maestras que presuntamente empleaban los investigados para violentar los sistemas de seguridad de los vehículos.
Los Pecosos, según la investigación coordinada por el ente acusador, hurtaban carros bajo la modalidad de halado en diversas localidades de Barranquilla y su área Metropolitana.
Posteriormente, alias Mono Pecas, Chupeta y Ariel supuestamente procedían a comercializar dichos automotores en Cartagena (Bolívar).
Por su presunta participación en los citados hechos, el fiscal los imputó por hurto calificado y agravado en concurso con concierto para delinquir, a los cuales no se allanaron en desarrollo de las audiencias de rigor.
El juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías aseguró en establecimiento carcelario a Cárdenas, entretanto, afectó con domiciliaria a Rodríguez y dictó medida no privativa de la libertad a Hernández, quien seguirá vinculado al proceso.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
SKCR/CFG/MCHJ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
