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El lunes 30 de diciembre de 2019, el entonces alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, publicó en sus redes sociales un video institucional en el que pretendía aclarar los cuestionamientos que se hacían en contra de las fotomultas, que en su gobierno le autorizó a la empresa concesionaria del tránsito local, MOVAI.
A pocas horas de acabarse su segundo mandato, luego de ser derrotado electoralmente con su entonces ‘amigo’ Salin Ghisays, dijo que él no había autorizado ‘fotomultas’ para que le cobraran a la gente, sino para pedagogía.
Ni lo uno, ni lo otro: el contrato con la empresa MOVAI es claro en señalar que le autorizaron, gracias a su solicitud ante el Ministerio del Transporte y con base en sitios de accidentalidad, la instalación de cámaras de detección que servirían para identificar y multar a infractores.
Cuando la gente se preparaba para la fiesta y la comilona de fin de año, el hoy senador conservador, insistía en que la única cámara instalada para pedagogía era la de la calle 22 con avenida circunvalar. En eso tiene toda la razón. Fue su Gobierno el que la autorizó, pero el otrosí número 3 del contrato, que también lo firmó, estableció que esa “pedagogía” era solo por un mes, luego pasarían a ser cobradas. En el otrosí dejó claro que debió entrar en operación el 30 de noviembre de 2019 como se hacía acordado.
A renglón seguido y trasladando el chicharrón al siguiente alcalde, Carlos Ordosgoitia, que no es de su cuerda de afectos políticos, dijo que, “le corresponderá a la próxima administración tomar la decisión sobre los otros puntos habilitados dentro del marco del contrato y su decisión si es con fines pedagógicos o sancionatorios”.
Esas palabras de 2019 las contradice la actual administración (Ordosgoitia) y la misma empresa MOVAI, (que contrató Marcos Daniel), con base en el acto administrativo donde la concesión entró a participar en la licitación porque sabía que era un negocio.
La empresa privada no entró a ganarse un contrato en el que va a invertir en fotomultas y no cobrarlas. Por eso es que tiene demandado al municipio por 2.600 millones de pesos argumentando un desequilibrio económico del negocio.
La misma gerente de la empresa MOVAI, Elizabeth Trochez, le dijo a GS Noticias en entrevista del mes de marzo de 2022 que, en el último otrosí quedó claro que debía entrar en ejecución pedagógica el último mes del año 2019.
Marcos Daniel, evadió la responsabilidad y la pelota cayó en campo del “Gobierno de la Gente”, que guardó silencio casi ‘cómplice’ en el empalme con la administración Pineda García. Si ese tema no hizo parte del empalme, el hoy senador conservador tuvo un pequeño olvido, pero Ordosgoitia, que sabía del problema tampoco dijo nada.
Dos años después MOVAI recuerda el tema refrescando las pretensiones de la demanda y le quita la máscara al contenido del video de diciembre de 2019 cuando afirmaba que todo era pedagógico.
La empresa de Pedro Ojeda, reclama cumplimiento contractual, situación que no apretaron de la misma manera en los años 2018 y 2019, tiempo en el que se dedicaron con el gobierno de Marcos Daniel, a hacerle modificaciones como lo deja claro el texto del otrosí número 3.
El contrato dejó en claro que la ganancia para el concesionario es del 62.5% y el 37.5% para el municipio de los cobros por multas de tránsito impuestas a partir de las cámaras que estarán instaladas en 11 puntos, y que ahora, mantienen en descontento a los monterianos al considerar que es un ataque directo al bolsillo.
En este mismo sentido se estableció que los dineros recaudados por otro tipo de multas generadas por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción, quedarán distribuidos en un 45% para el municipio y para el concesionario, mientras que el 10% restante se destinará al Simit.
Otro de los conceptos establecidos es el del servicio de patios y grúas, para ello, la misma concesión recaudará el 83% y el municipio el 17%.
Todo eso quedó en el contrato que firmó Marcos Daniel, con su respectivo otrosí número 3 que les comparto y que ustedes pueden descargar.
Ahora bien. Hoy, la administración municipal actual, que reaccionó mediáticamente después de dos años de administración lo único que intenta concretar es que el periodo de pedagogía de un mes, como aparece en el contrato, se amplíe a seis y le ruega a MOVAI que retire la demanda.
Pero mientras Marcos evade su directa responsabilidad y Ordosgoitia intenta ponerle vaselina a la decisión institucional, MOVAI con el contrato vigente en mano espera el banderazo para cumplir con el proceso de pedagogía y luego comenzará a expedir fotomultas para recuperar su inversión tecnológica y buscar el punto de equilibrio de un negocio redondo y que en principio es a 20 años, pero que ante las demoras en su implementación, la Alcaldía se lo ampliará otras anualidades para compensar por el incumplimiento que data desde 2018.
En medio de la polémica, el abogado Óscar Rodríguez López, experto en estos temas, explicó en qué consiste el otrosí y la obligación que heredó la actual administración que está OBLIGADA a darle cumplimiento.
Pero no todo queda allí, el Ministerio de Transporte autorizó en el gobierno de Marcos Daniel Pineda, la solicitud de instalación de fotomultas en las afueras de la ciudad. Así lo relató la misma gerente de la empresa MOVAI Elizabeth Trochez.
Mientras en la ciudad se asumen posiciones apasionadas para defender y acusar responsabilidades políticas particulares, nada ni nadie hará reversar las fotomultas urbanas en Montería.
En materia de responsabilidad ciudadana, si usted tiene sus papeles en regla de su vehículo y no infringe las normas de tránsito, no le debe preocupar su puesta en operación.
