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Susana Correa Borrero
Resiliencia y tenacidad, familias y vecinos sumando esfuerzos y arraigados a una fe a toda prueba han sido determinantes para contrarrestar la destrucción, la desolación y la pérdida de vidas que dejó el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También han sido fuentes de inspiración desde el 19 de noviembre del 2020, tres días después del desastre natural, cuando asumí por directriz del presidente Iván Duque la gerencia para la reconstrucción del archipiélago.
Y es que la labor ha trascendido la reconstrucción de las viviendas y otros bienes materiales, y nos ha llevado a darles a los afectados altas dosis de esperanza y confianza en un proceso que se ha caracterizado por el compromiso con el territorio y sus habitantes, desde el mismo momento en que Iota se llevó lo que encontró a su paso.
Debo resaltar que la importancia del archipiélago en la agenda del Gobierno Nacional era evidente antes del suceso, precisamente porque así lo trazaban el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incluso, el Pacto Seaflower Region destacaba acciones en el lugar y estrategias para proteger y promocionar el patrimonio cultural del archipiélago, y garantizar el acceso a servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, entre otros. Todo esto, antes de Iota.
Había un plan que, claro, nos obligó a reflexionar sobre lo que debíamos replantear para la reconstrucción, pero también para que las personas recuperaran sus oficios, su economía, su esperanza… Enfrentamos, además, un entorno trazado por la pandemia, pero pudo más el acompañamiento a la implementación de una respuesta inmediata.
Todo esto fue clave para el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de estructurar el Plan de Acción Específico (PAE) y su modelo de gestión, creado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entonces, se determinó la ruta de trabajo de la gerencia y se impulsó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con lineamientos para atender dos fases: la reconstrucción y la intervención estructural.
Así, en el instrumento jurídico de planeación y gestión se definieron 357 acciones con un presupuesto proyectado de más de $1,2 billones para la Fase I Reconstrucción, a las que se sumaron 267 valoradas en cerca de $885.000 millones para la Fase II Intervención Estructural, y otras 90 para una inversión que se aproximó a los $380.000 millones.
En los retos de llevar esa dosis de confianza que destaqué al comienzo, el Gobierno Nacional ha tenido la mano amiga de las administraciones (departamental y municipal), de las Fuerzas Armadas, la Policía, los ministerios, la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) y otras entidades, así como del sector privado. Estas líneas no me alcanzan para nombrar a muchas más que han apoyado las intervenciones, que, de hecho, incluyen, además de la vivienda, el sector de agua y saneamiento básico, que lidera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que hoy represento. Y lo aprecio, porque juntos reconstruimos la esperanza.
* Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Columnista invitada de El Espectador
The Archipielago Press
