Visite la fuente original de la Noticia
Dos fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cartagena lograron que en un par de jueces de control de garantías, en casos independientes, impusieran medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres que estarían involucrados en delitos de homicidio y porte ilegal de armas.
La primera investigación cobijó a Óscar José Guerra Niño, presuntamente, responsable del homicidio de un habitante de la calle a quien, al parecer, agredió con un pico de botella, mientras dormía en un andén.
Estos hechos se presentaron el pasado 20 de mayo en el barrio Boston. El presunto involucrado que fue detenido por un vigilante del sector y lo entregó a la Policía Nacional había recién salido de la cárcel donde enfrentaba otro proceso también por homicidio.
El segundo caso se relaciona con los acontecimientos sucedidos el 18 de mayo último en el barrio El Mártir, donde la Policía Nacional en una requisa rutinaria encontró en poder de Ender Manuel Soto Mejía una pistola 9 mm con 1 proveedor y 4 cartuchos sin la documentación para su porte.
Ninguno de los investigados se allanó a los cargos. Por disposición de los jueces los dos hombres deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel Ternera de Cartagena.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General habla con resultados
Le puede interesar:
Fiscalía ha impactado 89 organizaciones delictivas señaladas de homicidios selectivos, microtráfico y hurtos en Bogotá
Fiscalía obtuvo condena a más de 11 años de prisión para el responsable de un homicidio en Pereira
MEVA/MAGA/GC/MC/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.