Por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Édison Manuel Meza Avilés, Eduar José Betín Ibáñez y Ederson Fabián Pertuz Giraldo.
El ente acusador imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, tráfico fabricación y porte de armas de fuego accesorios partes y munición de uso restringido de la fuerza armada; así como tráfico, fabricación o porte de armas de uso personal.
Meza Avilés, conocido con el alias de El Viejo 40, sería el cabecilla militar de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo. Él, se cree, era el encargado de coordinar sicarios urbanos en los municipios de Puerto libertador, San José de Uré, Montelíbano y Planeta Rica.
La investigación evidenció que ‘El Viejo 40’ se desmovilizó de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las que habría hecho parte por más de 15 años. La Fiscalía investiga la aparente participación de Meza Avilés en el crimen del periodista Rafael Moreno Garavito, ocurrido en 2022.
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Uniformados de la Sijín de la Policía y del Ejército Nacional fueron los encargados de capturar a los procesados, el pasado 18 de diciembre. Betín Ibáñez y Pertuz Giraldo, se desempeñarían como escoltas de ‘El Viejo 40’.
Estos procedimientos se adelantaron mientras los ahora procesados se movilizaban en dos motocicletas por el municipio de Planeta Rica (Córdoba). Las autoridades les incautaron cinco celulares, dos pistolas, tres proveedores, una granada, un juego de esposas y 128 cartuchos de diferente calibre.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
