Braulio José Medina Torrado y Daniel Castillo Amaya fueron judicializados por la Fiscalía, señalados de extorsionar a un comerciante de esta ciudad.
Los hechos materia de investigación iniciaron el pasado 28 de junio cuando la víctima empezó a recibir mensajes extorsivos a través de llamadas telefónicas, exigiéndole el pago de un supuesto impuesto de guerra de 100 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y la de su negocio.
La victima cambio su número de teléfono, pero continuó la presión por parte de los procesados, quienes por debajo de la puerta del local le hacían llegar panfletos alusivos al EPL con un número telefónico al cual se comunicó y les dijo que él no tenía la suma solicitada a lo que le pidieron el pago de 2 millones de pesos. Situación que conllevo a denunciar ante las autoridades los hechos que se estaban presentando.
En un operativo conjunto entre servidores del CTI de la Fiscalía de Cúcuta y el Gaula Militar, los dos procesados fueron capturados en flagrancia este 7 de julio en una cafetería ubicada en el centro de esta ciudad, al momento de recibir el dinero producto de la extorsión.
Al momento del procedimiento se les incauta $1.700.000 dinero producto de la extorsión y un teléfono celular.
Un juez con funciones de control de garantías aceptó los argumentos de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario de la capital nortesantandereana en contra de los procesados por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en grado de tentativa agravada.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/CFG/CHGA/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
