Dos personas más fueron detenidas y judicializadas por estar posiblemente implicadas en los mismos hechos. Los delitos habrían ocurrido en Magangué (Bolívar) y Barranquilla.
Una fiscal en Magangué (Bolívar) logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Stephanny Rebollo Aguilar, alias La Burundanguera; Loraine Esther García Acosta y Junior Javier Guzmán Moreno, presuntamente implicados en hurtos a personas, mediante el suministro de escopolamina.
Labores de policía judicial evidenciaron que las víctimas de esta organización ilegal eran ubicadas por los procesados en Magangué (Bolívar) y en Barranquilla (Atlántico).
El hecho delictivo más reciente, y por el cual son indagadas las tres personas, sucedió el pasado 13 de octubre en un establecimiento nocturno de Magangué. Al parecer, Rebollo Aguilar y García Acosta le suministraron a un hombre una bebida con una sustancia química que afectó su voluntad; luego le habrían hurtado un arma de fuego.
Personas que se encontraban en el lugar trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde fue atendido.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en una vivienda del barrio Romance de Barranquilla. En su poder fueron encontradas tres armas de fuego, una de las cuales correspondería a la hurtada a la víctima de Magangué.
La Fiscalía imputó a los investigados los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativos de las Fuerzas Armadas. Las dos mujeres deberán ser recluidas en la cárcel San Diego de Cartagena. Guzmán Moreno lo será en la cárcel Camilo Torres de Magangué.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MAGA/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
