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En otro hecho fue judicializado un hombre señalado de intimidar a una líder social en Meta y obligarla a abandonar sus tierras.
Fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentaron ante jueces de control de garantías a presuntos integrantes de estructuras criminales, que estarían involucrados en graves afectaciones a líderes sociales en Arauca y Meta.
A la cárcel ‘Neito’
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, Gerson David Fuentes Rubiano, alias Neito, presunto integrante de la comisión Marta Elena Barón del ELN, recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Esta persona habría participado en el homicidio del defensor de derechos humanos Omar Arbey Martínez, ocurrido el 12 de febrero de 2018. El material de prueba da cuenta de que hombres armados retuvieron a la víctima durante tres días y, finalmente, la asesinaron en la vía que conduce de la vereda Botalón a Corocito, en Tame (Arauca).
Alias Neito fue imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y rebelión.
Afectación a líder social en Meta
Por su presunta responsabilidad en el delito de desplazamiento forzado agravado, Edison Quijano fue afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía estableció que estaría involucrado en las intimidaciones en contra de la líder del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Luz Mery Junco Tirado, quien tuvo que abandonar su lugar de residencia junto a su familia. Los hechos ocurrieron durante 2018 en Puerto Rico (Meta).
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/JARG/AA/UEI/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
