Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Johan Sebastián Taborda Cadavid, de 21 años, presunto responsable de los delitos de tentativa de extorsión y desplazamiento forzado, ambos agravados.
Según la investigación adelantada por un fiscal destacado ante el Gaula, el 13 de agosto de 2023, en el sector Aguas Frías del barrio Belén de Medellín, un hombre de 65 años y su hijo, al parecer, fueron abordados por Taborda Cadavid en un lote donde construían un inmueble; el presunto victimario les exigió la suma de 10 millones de pesos para permitirles construir o de lo contrario tendrían que irse del lugar.
Durante los meses de septiembre y noviembre del mismo año, las víctimas, presuntamente, fueron amedrentadas con armas de fuego por varios hombres que se identificaron como integrantes del grupo delincuencial ‘La Oficina’, quienes les indican que deben parar la obra hasta que pagaran el dinero exigido. Además, la noche del 28 de enero de 2024, la cabaña que construían fue incendiada.
La investigación evidenció que el 28 de abril de este año, el hombre de 65 años y su familia se encontraban departiendo en el lote de su propiedad. Hasta el lugar llegaron varios hombres que los amenazarían con armas de fuego y les exigirían retirarse del inmueble. Ante las intimidaciones, las víctimas se vieron obligadas a desplazarse del barrio.
Taborda Cadavid fue capturado por el Gaula de la Policía Nacional en el sector Aguas Frías del barrio Belén de Medellín. El procesado no aceptó los cargos por los delitos imputados por la Fiscalía.
NAMT/GV/LMFO/LYBT/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
