La Fiscalía en Norte de Santander judicializó a un hombre como presunto responsable de la muerte de su hijastro de dos años, quien el pasado 22 de julio llegó a un centro hospitalario de Cúcuta (Norte de Santander) en condiciones críticas de salud.
Según la primera versión de la madre el niño se habría caído por las escaleras. Sin embargo, a las indagaciones adelantadas por investigadores del CTI en articulación con la SIJIN se sumó el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal que determinó que la muerte del menor se produjo por múltiples lesiones en su cuerpo por golpes sistemáticos.
Así mismo, los procedimientos de policía judicial como inspección al lugar de los hechos y la utilización de luces forenses permitieron establecer que las agresiones contra el niño tuvieron lugar en la casa donde residía con su madre y el padrastro entre el 18 y el 22 de julio reciente, en el barrio La Concordia de esta ciudad.
La madre del menor reveló posteriormente que su compañero sentimental era quien lo agredía y que ella no lo había denunciado porque la amenazaba con golpearla y con atentar contra su familia.
El hombre fue capturado mediante orden judicial este 29 de julio y la Fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y violencia intrafamiliar agravada.
Por determinación de un juez con función de control de garantías de Cúcuta el hombre, que no aceptó cargos, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión de máxima seguridad.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/CFG/CHGA/JAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
