Las víctimas serían dos jóvenes, de 13 y 17 años. Una denuncia evitó que las adolescentes fueran entregadas a grupos armados ilegales que delinquen en Caquetá.
Cristian Camilo Serna Hurtado fue judicializado por un fiscal de la Seccional Tolima debido a su aparente responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito, del cual habrían sido víctimas dos menores, de 13 y 17 años, en hechos ocurridos entre el 16 y 27 de agosto.
Según la investigación, el procesado habría contactado a las víctimas a través de redes sociales. Con una de ellas inicialmente había establecido contacto durante las festividades que se cumplieron en el municipio tolimense de Roncesvalles. En reuniones posteriores, se presume que el hombre le propuso a la joven viajar a Caquetá, junto con otras menores, para que hicieran parte de un grupo armado ilegal.
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La negativa de la joven motivó en su contra amenazas que terminaron por obligarla a aceptar el viaje. La menor fue recogida en el colegio por un motociclista, quien la llevó al municipio de San Antonio. Las órdenes acerca de cómo proceder, al parecer, eran dadas por el ahora detenido.
El 27 de agosto la víctima del reclutamiento fue obligada a cambiarse el uniforme del colegio, por ropa suministrada por el acompañante y así evadir el control de las autoridades. En la terminal local de Chaparral las dos personas se reunieron con Serna Hurtado, quien estaría con otra menor, que sería entregada a organizaciones criminales.
La denuncia realizada por la mamá de una de las menores permitió que el procesado fuera capturado por la Policía, con el apoyo del Ejército Nacional; logrando además recuperar a las dos adolescentes.
El investigado negó su responsabilidad frente a los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
PAAM/LMFO/MAGA/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
