Los investigados, al parecer, se identificaban como integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia que delinquen en Florencia. Los procesados instrumentalizarían menores de edad para cobrar las extorsiones.
Tras avalar los elementos materiales de prueba presentados por un fiscal de la Seccional Caquetá, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, y al cual se les atribuyen múltiples extorsiones a ganaderos, empresarios y comerciantes de Florencia.
Se trata de Gerley Quijano Gómez, alias El Burro, y Agustín Arias Mundis, alias Tocayo, quienes fueron capturados por uniformados del Gaula del Ejército y Policía Nacional el pasado 24 de diciembre en la vereda Bajo San Gil de la municipalidad.
Una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Cargos que no fueron aceptados.
De acuerdo con las investigaciones, el presunto actuar criminal de los imputados se concretaba a través de llamadas telefónicas y panfletos en el que exigirían gruesas sumas de dinero a sus víctimas so pena de atentar contra sus vidas, la de sus familias o sus propiedades.
En el operativo les fueron incautados fusiles, municiones de diferentes calibres, chalecos multipropósitos, proveedores y un celular.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
