La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 4 extranjeros y 2 colombianos investigados por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, hurto calificado y agravado, extorsión agravada y uso de menores para la comisión de delitos.
Los procesados, con edades que oscilan entre los 21 y 35 años, harían parte del Grupo de Delincuencia Común Organizado GDCO Ajizal – El Porvenir que delinque en el municipio de Itagüí, Sur del Valle de Aburrá.
Según la investigación coordinada por un fiscal especializado destacado ante el Gaula, los investigados habrìan participado en 3 hechos delictivos ocurridos en la vereda El Porvenir del municipio de Itagüí (Antioquia) entre el 13 de noviembre de 2022 y el 10 de febrero del 2023.
En uno de los casos, ocurrido el 25 de enero del presente año, varios integrantes del grupo criminal habrían constreñido a un hombre y a su pareja sentimental para que les entregaran la suma de 1 millón de pesos, porque supuestamente habría golpeado a un integrante de la mencionada banda delincuencial, de no realizar el pago exigido, atentarían contra sus vidas.
También habrían obligado a la pareja a abandonar el sector con sus hijos de 3 y 4 años de edad y se habrían apoderado de los bienes de las víctimas avaluados en $6.580.000, entre ellos una motocicleta.
Los 4 extranjeros y los 2 colombianos fueron capturados por servidores de la Policía Nacional este 17 de marzo, en el mismo operativo fueron aprehendidos 3 menores de edad. Ninguno de los procesados no se allanó a los cargos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
NAMT/LFML/SE/SHG/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
