De acuerdo con la investigación, las agresiones sexuales contra la víctima, quien conocía al asegurado, fueron cometidas durante varias horas, aprovechando que se encontraba sola en una vivienda.
La contundencia de las evidencias recaudadas por un fiscal seccional adscrito al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) permitió que un juez penal dictara medida de aseguramiento contra Benjamín Yoda Zety consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
Según la investigación, los hechos por los que Yoda Zety es procesado ocurrieron el pasado 17 de febrero de 29024, en una vivienda ubicada en zona rural de Jambaló, nororiente del Cauca.
El hombre, aprovechando la confianza con su familia, llegó hasta la vivienda donde vive la menor, quien se encontraba sola, e ingresó con engaños para tomarla por la fuerza y la accedió sexualmente de manera violenta.
El material de prueba recaudado determinó que las agresiones sexuales se habrían prolongado por varias horas, situación que la víctima, de 14 años, narró a su madre, quien decidió interponer una denuncia penal contra el asegurado.
Por solicitud del ente investigador, un juez penal promiscuo de Jambaló emitió una orden de captura contra el presunto agresor que fue cumplida por servidores del CTI, junto con agentes de la Policía Nacional y soldados del Ejército en vía pública.
La Fiscalía le imputó cargos a Benjamín Yoda Zety como presunto autor responsable del delito de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/FAGH/JAHS/DSC
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
