Por solicitud de una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Monterrey (Casanare), un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Wilson Uriel Bohórquez Cuesta, quien habría agredido sexualmente a 3 menores de edad de 11, 10 y 9 años (dos niños y una niña), primos entre sí.
El ente acusador le formuló cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso sucesivo y homogéneo.
Los hechos materia de investigación habrían sucedido durante los años 2019, 2020 y lo corrido de 2021, cuando los menores pasaban por el sector donde residía el hoy procesado y este les pedía que le ayudaran a barrer el frente de su casa a cambio sumas que oscilaban entre $2000 y $5000. Posterior a ello, los invitaba a ingresar al inmueble donde al parecer los sometía a vejámenes sexuales.
Las indagaciones dan cuenta de que Bohórquez Cuesta habría hecho lo mismo en otros lugares del municipio de Sabanalarga.
Además, se evidenció que el imputado al parecer trataba de contactar otras menores por intermedio de la niña víctima, para abusar sexualmente de ellas ofreciéndoles dinero a cambio de que accedieran a sus pretensiones.
Una vez conocido y documentado el caso, la Fiscalía de conocimiento solicitó ante el juez promiscuo municipal de Chámeza (Casanare) la orden de captura, la cual fue materializada en una vía pública de Sabanalarga por parte de servidores del CTI de Monterrey y la Policía de Infancia y Adolescencia.
En las audiencias concentradas el hombre no aceptó su responsabilidad en los hechos endilgados.
La defensa de Wilson Uriel Bohórquez Cuesta apeló la decisión del juez.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LAZL/DLBM/MEMV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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