Tras el acervo probatorio presentado durante las audiencias concentradas, un fiscal local de Totoró (Cauca) logró la judicialización de Zelly Vanessa Fori Mancilla, señalada como presunta autora responsable del delito de hurto por medios informáticos y semejantes.
La mujer fue capturada por servidores del CTI, agentes de vigilancia de la Policía Nacional y unidades del Gaula Militar, en un sector de Zanjón Rico de la vía Puerto Tejada (Cauca) – Palmira (Valle del Cauca).
Según la investigación, Fori Mancilla habría sido contratada por una empresa de servicios generales para realizar cobros mediante un datafono portátil. Las evidencias recaudadas por los investigadores del CTI demostraron que la mujer habría creado una cuenta bancaria personal y la habría utilizado para hacer retiros ilegales con las tarjetas de crédito, por altas sumas de dinero, aprovechando la confianza y el descuido de los cuentabientes.
Estas actividades ilícitas las habría realizado en varios establecimientos comerciales en el municipio de Caloto, norte del Cauca, de los cuales la Fiscalía recibió varias denuncias.
Durante el operativo de captura los servidores del CTI, al revisar el SPOA, confirmaron que la mujer registra dos anotaciones judiciales como indiciada por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes y hurto agravado por la confianza.
Por estos hechos un juez penal de Puerto Tejada avaló la imputación de cargos y dictó medida de aseguramiento contra Zelly Vanessa Fori en establecimiento carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
Le puede interesar: Fiscalía ha logrado 69 capturas y realizado 45 imputaciones por delitos informáticos en 2023
JGPV/CFG/JAHS/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
