Elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Cartagena fueron suficientes para que un juez de control de garantía enviara a prisión a Bernardo Blanco Berrío, alías El Cloro, presunto responsable de diversos delitos que lo ubicaban dentro de los más buscados por las autoridades en la capital de Bolívar.
Fuentes humanas le informaron a la Fiscalía que en una vivienda del barrio Villa Cádiz de la capital de Bolívar, al parecer, estaba siendo usada para almacenar estupefacientes y armas.
Ante estas versiones el pasado 10 de octubre la Policía Nacional allanó el inmueble donde capturaron a ‘El Cloro’. En el lugar fueron encontrados 12 cartuchos calibre 38, 12 cartuchos calibre 5.56 para fusil, 2 proveedores para fusil Galil, 2 vehículos y 2 motocicletas que aparecían reportados como hurtados.
Las autoridades establecieron que uno de los carros y una de las motos incautadas habrían sido adulteradas en sus identificaciones internas y regrabadas con otros números para presuntamente, evitar que se descubriera que habían sido robadas.
Contra Blanco Berrío de 40 años se adelantan otras investigaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el implicado no aceptó su responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de uso privativo, fabricación, tráfico o porte de arma de uso personal, receptación y falsedad marcaria que fueron imputados por el ente acusador.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
