Golpes con un palo de escoba, bofetadas, intimidaciones y amenazas habrían sido algunos de los ataques que recibió una mujer por parte de su pareja y padre de sus tres hijos.
La contundencia del material probatorio presentado por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif), fue suficiente para que un juez dictara medida de aseguramiento intramural en contra de Robin Fernando Palencia de Alba por el delito de violencia intrafamiliar.
Ante el estrado la Fiscalía evidenció que el victimario, al parecer, habría maltratado física, verbal y psicológicamente a su pareja, con quien tiene tres hijos y a quien presuntamente golpeó en varias ocasiones, tanto así que en una de ellas le partió un diente, en otra le pegó en la cara y en otra ocasión utilizó un palo de escoba para agredirla.
Los hechos, que fueron recurrentes, se presentaron desde julio de 2022, hasta enero el 25 de enero del año en curso, cuando la víctima fue retenida por el hoy imputado, quien también la habría golpeado ese día. En un descuido del victimario, la mujer escapó, de la vivienda que compartían en el barrio La Palma, en Montería, con una familiar hacia la Fiscalía.
Debido a las lesiones recibidas en una ocasión la víctima ya había sido incapacitada durante 7 días por Medicina Legal. Además, sería habitual para el victimario mantener encerrada a la mujer por varios días.
El 29 de enero en curso el victimario, quien no aceptó el cargo endilgado por la Fiscalía, fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y de la Policía en Montería.
La Fiscalía habla con resultados.
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VHGB/FAGH/SN/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
