De acuerdo al ente investigador el indiciado, al parecer, le pegó en el rostro a su excompañera, le rompió el tabique, la hirió con un destornillador y luego la obligó a tener relaciones sexuales.
Tras el acervo probatorio presentado por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif), un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Óscar Mauricio Arizal Santos por el delito de violencia intrafamiliar con enfoque de género.
Según los hechos materia de investigación el 18 de junio del año en curso, el imputado habría maltratado física, verbal, psicológica y sexualmente a su expareja con quien duró viviendo 16 años y con la cual tuvo tres hijos en común.
Ese día, según el expediente, Arizal Santo habría golpeado a la víctima en el rostro rompiéndole la boca y la nariz. También le hizo una herida en la mano con un destornillador y en la cadera le pegó mientras le gritaba groserías delante de una de sus hijas.
Cuando la mujer quiso escapar, al parecer, el imputado se paró en la entrada de la vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza, de Montería y tras amenazarla de nuevo con el destornillador la obligó a tener relaciones sexuales, estando ella aún herida y sangrando.
Debido a las agresiones la víctima tuvo que ser llevada a un centro clínico. Tras la valoración médico legal fue incapacitada por 40 días y debe regresar a nuevo reconocimiento para determinar posibles secuelas.
Funcionarios de la Policía Nacional capturaron el 7 de julio en curso al imputado y tras las audiencias concentradas, donde no se allanó a cargos, un juez lo envió a prisión.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
