Los imputados habrían retenido y asesinado a sus víctimas. A una de ellas la golpearon, quemaron y le dispararon en dos ocasiones.
El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, presuntamente responsables del crimen de un ganadero y dos trabajadores, en hechos ocurridos en zona rural de Chimá (Córdoba).
Un fiscal de la Seccional Córdoba les imputó los delitos de homicidio y hurto ambos agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos o material probatorio.
Las víctimas desaparecieron el 10 de septiembre y sus cuerpos fueron encontrados el 13 de septiembre por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante una exhumación. La información para ubicar los cuerpos fue entregada por los indiciados.
El ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus acompañantes Geraldo de los Santos Marzola Coronado y Fredy Manuel Beleño Acosta fueron hallados en una fosa común de la vereda Carolina. Estos dos últimos habían sido quemados y Beleño Acosta recibió dos disparos, según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Petro Almanza y Soto Garcés fueron capturados el pasado 22 de septiembre en Cartagena (Bolívar) por funcionarios del CTI y del Gaula de la Policía Nacional, luego de varios días de seguimiento y al interior de un inmueble que habían alquilado.
VHGB/AMCJ/MAGA/FAEP/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
