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El Tribunal Administrativo de Casanare dentro de la Acción Popular que ordenaba suministrar agua potable a varias veredas de Hato Corozal, ordenó abrir incidente de desacato contra el gobernador de Casanare Salomón Andrés Sanabria Chacón y el alcalde de Hato Corozal Darío Yesid García Barra.
La decisión tiene que ver con el incumplimiento a las órdenes judiciales libradas en auto del 14 de marzo de 2019 y 22 de noviembre de 2021.
El Tribunal nuevamente requirió al alcalde de Hato Corozal, para que de manera inmediata suministre 50 litros diarios de agua potable a cada uno de los habitantes de las veredas San Rafael, La Maraure, La Capilla, Altagracia y La Maraure y dentro de los diez días siguientes a la notificación allegue un informe debidamente soportado en el que conste el cumplimiento de la medida decretada.
El 27 de enero de 2022, la Defensoría del Pueblo como entidad accionante, allegó informe de verificación, señalando que, según lo expuesto por la comunidad, las entidades demandadas al parecer no estaban cumpliendo con el suministro de agua potable para las veredas referenciadas.
Las comunidades afirmaron que el alcalde de Hato Corozal no ha establecido un plan B para abastecer el agua por otro medio, cuando el departamento o la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres no preste el apoyo correspondiente.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la ausencia del servicio de agua potable estaba perjudicando a los estudiantes, pues las condiciones de salubridad ahondan en la proliferación de enfermedades, especialmente con la contingencia de la pandemia por el covid-19.
