Un proceso nuevo a nivel disciplinario llega a la agenda del exgobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón y a dos de su coequiperas en su gobierno que culminó con tropiezos a mitad del año 2022.
Roys Garzón esta vez está siendo requerido por la Procuraduría General de la Nación para que explique el porqué de los posibles sobrecostos en la iniciativa que consistía en llevar brigadas de salud y nutrición a las rancherías Wayuu ubicadas en zona rural y rural dispersa en el distrito de Riohacha y en los municipios del norte de La Guajira, Manaure, Maicao y Uribia.
En la investigación que avizora el Ministerio Público podría presentarse unos sobrecostos cercanos a $ 1.000 millones, en un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías cuyo valor total asciende a $ 33.000 millones.
En esta indagación también resultaron salpicadas la exgobernadora encargada, Claudia Robles Núñez, y la secretaria Técnica del OCAD Caribe, Claudia López Vendemiati, a quienes también les corresponderá explicar su participación en dicho proyecto.
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Según la Procuraduría a la fecha de la apertura de la investigación, el propósito de llevar bienestar a las comunidades Wayuu no fue tan loable, si se tiene en cuenta que, “por cuenta de estas presuntas fallas, a la fecha solo se ha llevado a cabo en un 35,6 % de avance físico y en un 48 % de avance financiero”, indica el comunicado de prensa.
El Ministerio Público detectó que los posibles sobrecostos estarían en materiales, equipos y honorarios de los diferentes profesionales, (médicos, nutricionistas, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales, entre otros), además de la inclusión del IVA en las cotizaciones de insumos médicos, que deberán ser explicados.
“Se encontraron diferencias en la estimación del presupuesto realizado por la entidad territorial, toda vez que al compararlo con los soportes; estudio de mercado y cotizaciones, se observó un mayor valor estimado en los cálculos de algunos de los honorarios, materiales, insumos y equipos”, explica el auto de apertura.
Entre las pruebas requeridas está un dictamen pericial, que llevará a cabo la Dirección de Investigaciones Especiales de la entidad sobre los precios vigentes de cada uno de los ítems relacionados con el proyecto de inversión que permitirá verificar los sobrecostos.
La Procuraduría también pidió al ministerio de Hacienda certificar los desembolsos de recursos hechos a la Gobernación de La Guajira para el proyecto y al Departamento Nacional de Planeación, copia del acto administrativo con la conformación del OCAD Caribe.
