La Cámara de Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó el listado de 10 acciones indispensables que, a su juicio, garantizarían el avance del sector de la infraestructura del transporte.
(Vea: Insumos para construcción de vías registran su mayor alza en 10 años).
Según la entidad, una de ellas es concebir el desarrollo de la infraestructura como una política de Estado que trascienda los ciclos políticos de los gobiernos de turno.
«Este planteamiento cobró fuerza en los años 90, cuando el sector apenas alcanzaba un PIB del 1 % y que actualmente, al fin, se acerca al 3 %, tal como lo recomendara la banca multilateral en aquella época«, dijo la CCI.
Otro punto, dijo la entidad, es reconocer al sector privado como un socio estratégico del Estado para seguir garantizando la modernización de la infraestructura del país.
(Vea: ‘Vías verdes’, el proyecto para recuperar los corredores férreos).
«El rol de los constructores, concesionarios, consultores e interventores es, justamente, el de coadyuvar a la buena y eficiente ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos estratégicos del país. Recordar, por lo demás que, a través del modelo exitoso de APP, el sector privado suple las necesidades de financiación de infraestructura pública en circunstancias de restricción fiscal, lo cual garantiza proyectos con altos estándares de calidad«, agregó.
La CCI también cree que hay que integrar los diferentes modos de transporte (carretero, aeroportuario, portuario y ferroviario) tal como fue concebido el programa de concesiones 5G o del Bicentenario. Esto, para que «la multimodalidad redunde en un transporte más eficiente de pasajeros y carga, hecho que impacta positivamente la productividad del país«.
La CCI cree que es importante integrar los diferentes modos de transporte.
Las otras 7 acciones son:
– Velar por la sana competencia en la adjudicación de los contratos deinfraestructura. Para tal fin, el buen uso de los pliegos-tipo deriva en pluralidad de oferentes, en mayor participación de las firmas de ingeniería en el mercado y, como consecuencia, en procesos transparentes. Se hace imperativo, ponerles freno a prácticas elusivas, como los convenios interadministrativos, usados en ocasiones, para hacerle el esguince a los mencionados pliegos tipo.
(Vea: Túneles de Colombia, más allá de La Línea).
– Entender a la obra pública en infraestructura como un estímulo de crecimiento de las economías regional y nacional. Esto se ve reflejado en el encadenamiento productivo del sector, en la creación de nuevas plazas de trabajo y en el hecho de que por cada peso invertido en una obra se generan $2,26 en la economía.
– Preservar y, en la medida de las necesidades, fortalecer la institucionalidad, actualmente evidentemente robusta, del sector. Ejemplos de ello son la Agencia Nacional de Infraestructura, la Financiera de Desarrollo Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte.
(Vea: Edificaciones impulsó el PIB trimestral de la construcción en el país).
– En materia normativa (terreno sobre el cual el renglón de la infraestructura se asienta actualmente sobre un piso sólido) valdría la pena, sin embargo, considerar algunos ajustes orientados a fortalecer la participación privada en la infraestructura pública, particularmente, en proyectos sociales (hospitales, centros educativos, cárceles, entre otros). Necesario, además, impulsar el mecanismo de las APP en las regiones.
– Garantizar la seguridad jurídica del sector para, de esa manera, generar un clima propicio (como el que ya existe) para inversionistas nacionales y extranjeros que ven en las iniciativas de infraestructura un bastión de desarrollo, generación de empleo y modernidad.
– Evitar que la contratación pública se convierta en un instrumento de estímulos particulares. En este sentido, el otorgamiento de incentivos en los procesos de contratación estatal a empresas que contraten grupos poblacionales específicos causa impactos negativos en la sostenibilidad financiera, particularmente, de las pymes, y distorsiona el principio de igualdad entre competidores. Una alternativa sería implementar estímulos tributarios, crediticios y parafiscales a las empresas que vinculen en sus nóminas a tales grupos poblacionales.
(Vea: ‘Baja ejecución de obras públicas impacto el PIB de la infraestructura’).
– Impulsar la implementación de nuevas tecnologías en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura. De igual manera garantizar la sostenibilidad de las iniciativas bajo el abrigo de tres criterios que, hoy por hoy, marcan tendencia en el mundo: el medioambiental, el social y el de buena gobernanza.
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