fuentes del sector asegurador advirtieron que en el Plan de Desarrollo se podría aprobar un artículo que podría configurar un monopolio estatal en el ramo de riesgos laborales para asegurar a los trabajadores del Estado.
Dentro del texto de la ponencia para primer debate del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (274 de 2023 Senado y 338 de 2023 cámara), hay un artículo que establece que los trabajadores del sector público deben afiliarse de manera obligatoria a la Administradora de Riesgos Laborales Positiva de Seguros.
(‘La reforma laboral traerá sobrecostos entre 12% y 20%’).
Explican que esto se daría sin darles la posibilidad de considerar otras opciones que ofrece el mercado comprometiendo elementos estructurales del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).
El Artículo 339 dice que “se impone la obligación a todas las entidades y corporaciones del orden nacional, de afiliarse a la administradora de riesgos laborales de carácter público, Positiva Compañía de Seguros”.
(Cómo generar mejores empleos y mejores condiciones para la vejez).
Explican que esta norma va en contravía del principio de libre competencia, que rige desde 1990 al mercado asegurador, pues compromete principios constitucionales fundamentales establecidos en el régimen económico.
Advierten que el SGRL tiene como finalidad proteger a trabajadores empleados e independientes de todos los riesgos que accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, “por lo tanto la libre competencia incentiva a que las distintas administradoras mejoren las condiciones de su atención y su oferta de servicios con el propósito de captar un mayor número de afiliados; generando, de esa forma, innovación y efectividad en las actividades de promoción de la salud y prevención del riesgo, así como mejores servicios en la atención de siniestros”.
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Asimismo, dicen las fuentes, que la disposición de obligar la afiliación de un sector específico a una ARL, como lo propone este proyecto de artículo, excluye el ambiente de competencia, en detrimento de la protección que brinda el sistema para empleadores y trabajadores.
Comentan que la creación de un monopolio estatal significaría retroceder en el camino avanzado en cobertura y calidad en la protección de riesgos laborales de los trabajadores, a través de la administración público-privada.
(Quiénes administrarían los recursos de salud si se aprueba la reforma).
Igualmente, aseveran que implementar esta medida genera un perjuicio a la Administradora de Riesgos Laborales del Estado, “en tanto que al impedirle de manera absoluta la capacidad de competir con estándares que obligan a incrementar la calidad y atención del servicio, le cierra la posibilidad no solo de proteger mejor a empresas púbicas y sus trabajadores, sino también de competir en otros segmentos con base en logros y resultados”.
Para Francisco Azuero, exviceministro de Hacienda y profesor de administración de la Universidad de los Andes, el derecho a la libre competencia está consagrado en la Constitución y en el sector de riesgos laborales es lógica la competencia entre empresas del sector público y privado y esta no puede ser por precios o tarifas, pues están por ley, sino por calidad que se refleja en el tipo de actividades de prevención y protección que desarrollan las ARL en las empresas afiliadas y sus trabajadores.
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Dice que “es absolutamente inconveniente que el Estado, aprovechando su poder Legislativo, cree privilegios hacia empresas estatales. Esto se puede traducir en ineficiencias y deficiente atención a los trabajadores de entidades publicas”.
A diciembre de 2022 el SGRL reportaba 1’080.796 empresas afiliadas, con un crecimiento del 6,5% frente al 2021.
El número de trabajadores afiliados ascendió a 12.390.084, con un crecimiento del 14,7% anual y las primas emitidas ascendieron a $5,6 billones.
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