Más de 150 personas en Neiva han presentado una denuncia penal contra la constructora Inversiones TYM SAS por la venta de lotes inexistentes y la captación ilegal de dinero. La denuncia, instaurada ante la Fiscalía 16 Seccional por varios afectados del proyecto inmobiliario Llano Grande Campestre, ha revelado un complejo esquema de fraude y violaciones legales. Los cargos presentados incluyen estafa agravada por confianza, concierto para delinquir, urbanización ilegal y captación masiva y habitual de dinero, entre otros.
Hernán Guillermo Galindo M
Son más de 150 las personas afectadas por una presunta estafa millonaria cometida por la constructora Inversiones TYM SAS, con sede en Neiva. Según denuncias de los afectados, los representantes legales de la empresa, incluyendo a Tatiana Judith Falla León, Cristian Andrés Paredes Barragán, Carlos Augusto Hoyos Ramírez, Diego Fernando Zapata Cortés y Alejandro Medina Cortés, habrían vendido más de 150 lotes en el supuesto Conjunto Residencial Llano Grande etapa 2, ubicado en el municipio de Rivera, sin ser los legítimos propietarios de los terrenos.
Asimismo, las personas involucradas son acusadas de realizar prácticas de urbanización ilegal y de apropiarse de más de 15.000 millones de pesos de los compradores, quienes en su mayoría pagaron los lotes en su totalidad, sin recibir ningún bien a cambio. Los afectados exigen la devolución de su dinero y alertan a la ciudadanía para que no caigan en manos de estas personas, quienes podrían estar involucradas en otros proyectos habitacionales fraudulentos.
Los testimonios
Ángela Polo, una de las afectadas por el fallido proyecto inmobiliario Llano Grande, compartió su experiencia sobre la presunta estafa que involucra a la empresa Constructores Inversiones TYM SAS. Según su relato, se le ofreció la compra de un lote de más de 1.000 metros cuadrados en un condominio campestre ubicado en la vía Rivera, antes de llegar al Club Campestre, por un valor de 110 millones de pesos.
Polo indicó que el proyecto no era, en realidad, desarrollado por la mencionada constructora, sino que la negociación estaba a cargo de personas ajenas al desarrollo del terreno. La situación empeoró cuando notaron que los representantes legales de la empresa cambiaban con frecuencia, al igual que la razón social. Esto provocó que muchos proyectos quedaran inconclusos, como ocurrió con el proyecto Tama, ubicado en la vía Termales, y otros en la misma zona.
Polo señaló que los firmantes de este supuesto acuerdo, Cristian Andrés Paredes Barragán y Tatiana Judith Falla León, no responden a sus reclamos. Además, según la información que ha logrado obtener, León y Diego Zapata estarían fuera del país, llevándose consigo una buena parte del dinero captado de los inversionistas.
La afectada denunció que no existen las licencias necesarias para desarrollar este proyecto en el municipio de Rivera y que los terrenos no cuentan con la debida legalización. A pesar de que el caso se encuentra en proceso jurídico, no hay claridad sobre el futuro de los terrenos ni sobre la viabilidad del proyecto. Polo también advirtió que, incluso si el proceso legal avanzara, la empresa no tendría los recursos para completar la negociación ni los pagos con el supuesto tenedor de los terrenos.
Otro afectado
Juan Sebastián Fernández, uno de los perjudicados por un esquema de estafa en el proyecto inmobiliario “Llano Grande”, denunció públicamente a los responsables, quienes, según él, habrían continuado operando bajo nuevas empresas.
Fernández aseguró haber sido estafado por 70 millones 900 mil pesos al comprar un lote que nunca le fue entregado. “Las obras de la primera etapa del proyecto quedaron incompletas y, al intentar contactar a los responsables, estos cerraron sus oficinas y desaparecieron”, afirmó.
Junto a otros afectados, Fernández presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, que investiga a varias personas implicadas en la venta fraudulenta de lotes. “Estas personas vendieron propiedades sin tener derechos legales sobre ellas y disolvieron sus empresas para crear nuevas, como la constructora ‘Edifica’, con proyectos en Rivera, como ‘La Alameda’ y ‘La Orquídea’”, indicó.
Los denunciantes descubrieron que los lotes vendidos no pertenecían a los vendedores, sino a los hijos del fallecido propietario Ismael Rodríguez, quienes no tenían la posesión legal de los terrenos. Los responsables del fraude cambiaron de razón social, pasando de “T y M” a “Edifica”. El proceso legal está en curso y los afectados exigen una respuesta urgente de la Fiscalía.
La acción penal
El abogado Carlos Perdomo, especializado en derecho urbanístico, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía 16 Seccional, representando a varios afectados por el proyecto inmobiliario Llano Grande Campestre. Según Perdomo, las investigaciones han revelado un fraude y violaciones legales en la comercialización de lotes. Los cargos incluyen estafa agravada, concierto para delinquir, urbanización ilegal y captación masiva de dinero.
“Los compradores confiaron en los promotores, quienes les aseguraron que los lotes eran legales, pero los terrenos nunca fueron propiedad de los vendedores y estaban en litigio en el Juzgado Segundo Civil de Neiva”, expresó Perdomo.
Informó que son más de 200 personas, principalmente de Neiva y otras partes del país, quienes adquirieron más de 220 lotes, pero ahora enfrentan la pérdida de sus inversiones debido a la falta de licencias urbanísticas y permisos de parcelación.
El proyecto carecía de la autorización necesaria para comercializar los lotes, lo que lo convierte en una urbanización ilegal. A pesar de las denuncias, los responsables de la constructora Inversiones TYM SAS continúan operando en otros proyectos, como “La Orquídea” y “La Alameda”, en Rivera. La empresa ya ha sido sancionada en casos previos, pero su representante legal, Alejandro Medina Cortés, no ha respondido a las autoridades ni a los afectados, mientras sigue recibiendo dinero de nuevos inversionistas.
