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jueves, octubre 29, 2020

Ante CIDH gobierno niega vinculación con seguimientos ilegales

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El exprocurador y embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Alejando Ordoñez Maldonado afirmó que no hay una práctica sistemática de seguimientos a opositores o periodistas en Colombia y que de comprobarse ese tipo de situaciones corresponderían a acciones individuales “por fuera y en contravía” de las directivas de las Fuerzas Militares y el gobierno.

Durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Ordóñez indicó que desde que se conocieron las denuncias se han adelantado las investigaciones del caso y se han tomado decisiones como el retiro de 12 oficiales del Ejército y cambios a los sistemas y controles a las actividades de inteligencia y la estructura de mando.

Dijo que en el país no hay vacíos normativos ni falta de control a las actividades de inteligencia.

“El gobierno ha sido claro en que no se tolerará acciones de integrantes de la Fuerza Pública que deshonren a la institución o sean contrarios a la ley. El gobierno admitirá que acciones de unos cuantos individuos comprometan la legitimidad de las actividades de inteligencia o afecten la confianza de los ciudadanos en la Fuerza Pública. El gobierno rechaza enfáticamente cualquier acción de seguimiento o perfilamiento que haya podido ocurrir respecto a periodistas, políticos, funcionarios o defensores de derechos humanos”, indicó Ordóñez Maldonado.

Alejandro Jiménez jefe de asuntos internacionales de la Fiscalía señaló que en la actualidad hay activas nueve indagaciones y hay cinco procesos con condenas por hechos relacionados con interceptaciones ilegales.

El funcionario del ente acusador indicó que se han fortalecido los despachos que tienen a cargo esas indagaciones para garantizar que avancen rápidamente y ya se han emitido 36 órdenes judiciales como parte de esos procesos.

Carlos Medina, procurador delegado para los derechos humanos, dijo que por las denuncias hechas desde diciembre del año pasado hay en curso investigaciones disciplinarias y que el Ministerio Público ha llamado la atención por la posible falta de control a los procedimientos de la función de inteligencia.

Señaló que se pidió al Ministerio de Defensa mayores controles a esas actividades y erradicar cualquier tipo de perfilamiento de personas que no «correspondan a objetivos legítimos de su accionar».

Los comisionados expresaron su preocupación al considerar que desde 2004 se han reportado informes de ese tipo de situaciones y que no corresponden a solo hechos del último año. Igualmente señalaron que preocupa la existencia de vacíos en la normatividad del país en temas de inteligencia.

Añadieron que se requiere llegar al fondo de las denuncias y aclarar plenamente las razones por las que se dieron los seguimientos ilegales y cómo se registraron. Además de garantizar que ese tipo de situaciones no se registren.

La comisionada Antonia Urrejola, indicó que la Comisión ya se ha pronunciado sobre este tipo de situaciones y que de hecho ya ha enviado a la Corte IDH un caso por seguimientos ilegales.

Por su parte la Comisionado Flávia Piovesan, insistió en que el gobierno aclare si hay vacíos en la ley de inteligencia, pues a pesar de los controles y avances que el gobierno menciona, se siguen registrando casos.

Viviana Krsticevic , Directora Ejecutiva de CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, pidió a la comisión que insista ante el Gobierno de Colombia para que entregue explicaciones adecuadas sobre las denuncias sobre seguimientos y perfilamientos.

Pidió además medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las personas que fueron víctimas de ese tipo se seguimientos.

Y Jomary Ortegón Osorio. presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que aunque el ejecutivo diga que ese tipo de acciones no son sistemáticas, lo cierto es que desde la época de los 90 hay registros de ese tipo de prácticas.

Igualmente cuestionó que la Fiscalía no ha permitido acreditar a las víctimas de los seguimientos y por tanto no se ha podido establecer la realidad de los alcances de las investigaciones.

El senador Iván Cepeda, víctima de seguimientos, señaló: «En los últimos seis años he estado incluido en seis operaciones distintas de inteligencia ilegal, algunas practicadas desde el Ejército y otras desde la Fiscalía. Si bien la Corte Suprema ha oficializado la situación en torno a los perfilamientos del Ejército, la Fiscalía no ha actuado, ni ha mostrado ningún resultado concreto en relación con denuncias que han sido documentadas hasta la saciedad”.

Y exigió que el Gobierno entregue toda la información disponible con relación a esas labores de inteligencia y colabore con la justicia para que haya resultados en materia administrativa y de justicia penal. “Estos graves hechos representan una violación al derecho a la oposición del derecho a la libertad de expresión y de derechos fundamentales a las víctimas”, dijo  Cepeda.

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