Manuel Caicedo Sinisterra sería una de las personas cercanas al señalado cabecilla de la estructura primera del grupo armado ilegal, conocido como ‘Paisa Duver’.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a uno de los presuntos involucrados en la violenta confrontación entre estructuras de las disidencias de las Farc, por el control de las rentas ilícitas en Guaviare y otros departamentos del oriente del país.
Se trata de Manuel Caicedo Sinisterra, quien fue capturado en un procedimiento realizado por el Ejército Nacional y la Policía Nacional en Calamar (Guaviare), en el que también fueron recuperados seis menores de edad, murieron dos señalados integrantes del grupo armado ilegal a cargo de alias Paisa Duver, y se incautaron 6 fusiles, 2 pistolas, 14 morrales de campaña, 30 proveedores, 715 cartuchos de calibres 5.56 y 9 mm, y 3 artefactos explosivos improvisados.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que este hombre haría parte de la denominada estructura primera de las disidencias de las Farc, y tendría a su disposición 30 hombres en armas que estarían involucrados en homicidios selectivos, reclutamiento forzado, cobro de extorsiones, desplazamiento, tráfico de estupefacientes y actos terroristas contra la fuerza pública y la población civil.
En ese sentido, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
El investigado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/HC/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
