Un fiscal destacado ante el Gaula Medellín logró que el juez 3.° Penal Municipal de Medellín impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Diego Gañan Bonilla, alias Juan; y de Manuel Emiro López Arévalo, alias Narices; como presuntos responsables de extorsionar y desplazar a un mecánico industrial de la Comuna 9, Buenos Aires.
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Los hechos habrían ocurrido el 19 de agosto de 2021, en el sector Quinta Linda, del barrio Buenos Aires, cuando los procesados habrían abordado a la víctima para presuntamente exigirle 10 millones de pesos como multa por varias quejas de vecinos por el constante ruido producido por alto volumen de la música, y que además era grosero cuando le reclamaban para que le bajara.
Al parecer, los hombres aumentaron a 20 millones la exigencia económica, y que tenía que entregarles el dinero o atentarían contra la vida de él y su familia. Además, le habrían advertido que después de pagar la extorsión tenían que irse de la casa porque ya la tenían comprometida para otra persona.
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Ante las amenazas de los victimarios, el mecánico industrial y su familia, entre ellas una mujer con discapacidad cerebral, se vieron obligados a abandonar la residencia donde habían vivido por más de 17 años.
Las llamadas extorsivas y amenazantes continuaron por varios días, y el 23 de agosto según la investigación, las exigencias habrían disminuido a 7 millones de pesos y que tendría que entregar $ 3.500.000 como inicial y lo demás en varias cuotas.
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El 30 de agosto los hoy capturados, citaron a la víctima a sector Quinta Linda para la primera entrega; al lugar llegaron los procesados en un automóvil y fueron capturados por servidores del CTI, con el apoyo del Gaula militar, cuando se recibieron el paquete que simulaba tener el dinero exigido.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por el delegado de la Fiscalía por el delito de tentativa de extorsión agravada; a Manuel López Arévalo también se le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado.
Los investigados presentan anotaciones judiciales por delitos como extorsión, tráfico de estupefacientes y hurto.
