En un trabajo investigativo de cuatro meses adelantado por una Fiscalía Seccional Norte de Santander se logró la judicialización por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Los Domiciliarios.
Los procesados, quienes fueron identificados como: Amado Navarro, alias Amado; Jesús Abel Arenas Ropero, alias Julio Cotiza; Johan Esteban Meneses Montilva, alias Barranquilla; Angie Yulisa Claro Arévalo, alias Mona; y Diego Andrés Julio, alias Diego, al parecer, se dedicaban a la venta de estupefacientes a los habitantes en diferentes barrios de Ocaña (Norte de Santander). Las ordenes de capturas fueron materializadas por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional este 2 de noviembre en diferentes sectores de ese municipio.
Las indagaciones adelantadas permitieron establecer que cada uno de los integrantes asumían roles en su actuar delictivo, siendo alias Amado el encargado de adquirir la sustancia estupefaciente, la cual ingresa en horas de la noche al municipio de Ocaña camuflada en vehículos pequeños, y posteriormente la distribuía a los demás miembros, quienes comercializaban la sustancia en pequeñas cantidades para entregarla a domicilio.
Un juez con funciones de control de garantías legalizó las capturas, avaló la imputación y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los procesados no aceptaron cargos y fueron remitidos a la cárcel judicial de Ocaña, para cumplir la decisión del ente juzgador.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/MGJAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.