Los procesados estarían vinculados a 13 eventos delictivos. Entre las víctimas estarían empleados de empresas y fábricas industriales.
La Fiscalía General de la Nación judicializó en Cartagena a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Trocheros, red ilegal dedicada al hurto de motocicletas. Los procesados, al parecer, interceptaban a los conductores con armas de fuego y luego los despojaban de sus vehículos.
Se trata de los hermanos Jaider Javier y Harold Jesús Maldonado Escandón, alias El Gordo; Roni Rocha Terán, Samir José Chaverra Sarmiento y Miguel Ángel Hardy Márquez.
Según la investigación, los robos eran cometidos en los barrios Villa Cádiz, Policarpa, Arroz Barato, Olaya Herrera, Ricaurte, en la variante Mamonal – Gambote, el corregimiento de Pasacaballos, la trocha La Clay y la carretera que de Cartagena conduce a la isla de Barú.
Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional durante varias diligencias de registro y allanamiento que se cumplieron en inmuebles de los barrios Olaya Herrera y Ricaurte en la capital de Bolívar, y en el sector de San José de Viotá en Girardot (Cundinamarca).
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Según sus responsabilidades individuales, los procesados fueron imputados con delitos como: hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Ninguno aceptó los cargos.
Por estos hechos el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en sus lugares de domicilio a los hermanos Maldonado Escandón, Rocha Terán, Chaverra Sarmiento y Hardy Márquez. Esta última persona se encuentra privada de la libertad en centro carcelario por otro proceso.
Los hoy implicados estarían vinculados a 13 eventos delictivos que dejaron 18 víctimas, en su mayoría son empleados de empresas y fábricas industriales, utilizaban sus motocicletas como medio de trabajo. MEVA/LMFO/MAGA/MR/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
