Visite la fuente original de la Noticia
Dos hombres identificados como Pedro Antonio Lugo Cortés, José Heberth Ovando y Jhonatan Andrés Mosquera Martínez, fueron procesados y privados de su libertad como presuntos autores de tráfico ilícito de migrantes, en el municipio de Ipiales (Nariño).
La Fiscalía investiga hoy a los imputados luego de que fueran sorprendidos in fraganti en la zona fronteriza del Puente Internacional Rumichaca, cuando presuntamente intentaron facilitar el ingreso irregular de 20 migrantes, entre ellos 15 adultos y 5 menores de edad, provenientes de países como como Haití, Cuba, África, Brasil, China, Arabia, entre otros.
El trabajo de la policía judicial ha establecido que los migrantes deben pagar entre 4 y 5 mil dólares por persona para pasar por Colombia; para el pasaje a Panamá, el monto es de $6,000 adicionales.
Según la fiscalía, los hombres coordinaron el movimiento terrestre de ciudadanos extranjeros hacia el interior del país, desde la frontera con Ecuador (Ipiales), pasando por los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Urabá Antioqueño para luego regresar por . la frontera con Panamá.
Personal de la Policía Nacional DIJÍN capturó por orden de la justicia a Lugo Cortés, Ovando y Mosquera Martínez, a quienes la fiscalía les imputó el delito de tráfico ilícito de migrantes, como coautores.
El juez decidió que el presunto implicado, que no aceptó los cargos, deberá cumplir con la medida de seguridad en un centro penitenciario.
Los extranjeros quedaron a disposición de Migración Colombia.
La fiscalía habla con resultados.
PAM/CFG/LV/DSN/
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.