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Como presuntos autores del delito de extorsión agravada, la fiscalía procesó Carlos Nicolay Sarmiento Herrera, Flor Alba Moreno Rodríguez y Leidy Catherine Moreno Rodríguez, quienes se hicieron pasar por funcionarios para extorsionar a personas en Puerto Asís (Putumayo).
Los imputados, que integran la organización criminal “Los Rebuscadores”, habrían simulado investidura o cargo público en la fiscalía o DIAN, exigiendo sumas de dinero para no emitir supuestas órdenes de aprehensión contra sus víctimas.
Los procesados no aceptaron los cargos y fueron amparados de una medida de restricción de libertad en el lugar de residencia, por decisión de un juez con función de control de salvaguardias.
CTI del Putumayo, en coordinación con el Gaula Militar, capturaron a las hermanas Moreno Rodríguez en El Espinal (Tolima). Sarmiento Herrera, por su parte, fue detenido en Bogotá.
eventos de extorsión
-En una de las extorsiones, la víctima denunció que el 3 de agosto de 2021, a través de una red social, aceptó una solicitud de amistad de una mujer con la que interactuó con fotografías. El 5 de agosto recibió una llamada de un supuesto funcionario de la fiscalía, quien le exigió dinero a cambio de no ser procesado por pornografía infantil. La víctima depositó cerca de 3 millones de pesos en distintas ocasiones.
-El 12 de enero del año en curso, los imputados, haciéndose pasar por funcionarios de la DIAN, aparentemente le informaron a un hombre que un amigo suyo tenía presunta mercancía por valor de 400 millones de pesos con 45 000 dólares camuflados de Estados Unidos, razón por la cual ella y su hija podría ser arrestado. El hombre destinó cerca de 6 millones de pesos producto de la extorsión.
La fiscalía habla con resultados.
LMGM/CFG/YCSL/DSP
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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