La Unidad para las Víctimas desarrolló un encuentro entre entidades del Gobierno, autoridades y líderes indígenas de la comunidad emberá katío del Resguardo Tahamí de Alto Andágueda, Chocó, con la finalidad de revisar los compromisos en el marco de los procesos de retornos y reubicaciones.
En la jornada, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, hubo un completo balance de los compromisos adquiridos por la Unidad y otras entidades del gobierno, frente a la comunidad retornada al Alto Andágueda, procedentes de ciudades como Medellín y Bogotá.
Igualmente, se dio lugar a la concertación única del plan de retornos y reubicaciones con la comunidad Alto Andágueda, verificando uno a uno los compromisos con las comunidades y cómo la entidad respondió a ellos.
En asambleas realizadas previamente con la comunidad en territorio, se establecieron mesas de trabajo de las cuales se derivaron 103 compromisos que se agruparon en siete ejes temáticos y reúnen las principales actividades a realizar por parte de las diferentes entidades del Gobierno para atender las problemáticas y necesidades identificadas por las comunidades.
Infraestructura social comunitaria, salud y atención básica, productividad comunitaria, territorio y ambiente, fortalecimiento organizativo, participación de niños, niñas y adolescentes, mujeres y enfoque de género, formación técnica comunitaria y organizativa, fueron los siete ejes temáticos tratados en el encuentro.
Yajaira Murrí, única lideresa presente en el evento por el enfoque mujer, argumentó: “Pienso que la Unidad si está cumpliendo con los compromisos en los que habíamos pactado, esperamos que la institución nos siga acompañando, tocando las puertas de las entidades para que también cumplan sus pactos y asesorando a la comunidad para lograr los objetivos propuestos”.
Por su parte, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, subrayó que reconoce el trabajo que llevan las comunidades emberá, “les respetamos y por esa razón estamos aquí como entidad. Nos importan sus vidas. Este es un comienzo importante para reconocer esa Colombia diversa en la que también estamos los indígenas. Estamos para hacer un país mejor y distinto”.
En el mismo sentido se manifestó Luis Eduardo Torres Ramírez, director territorial de la Unidad en el Eje Cafetero. “Avanzamos en un ejercicio integral de escucha y concertación entre comunidades y entidades, son diálogos con las comunidades desplazadas a las ciudades en razón del conflicto armado y eso se mezcla con la falta de garantías y oferta institucional en el territorio; vamos a continuar cumpliéndoles a las comunidades y procuraremos por su permanencia en el territorio ancestral”, expresó.
“La Unidad para las Víctimas ratifica su compromiso con las comunidades indígenas, seguiremos trabajando incansablemente en un ejercicio de construcción conjunta y participativa con las autoridades tradicionales, líderes y lideresas de las comunidades”, expresó Claudia Segura, coordinadora del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad.
Algunas de las entidades asistentes al espacio fueron: Secretaría de Salud de la Gobernación de Chocó, Unidad Nacional de Protección, Invías, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Departamento de Prosperidad Social, Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Artesanías de Colombia, Unidad de Restitución de Tierras y los Ministerios de Agricultura, Transporte, Cultura, Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Como garantes de todo el proceso estuvieron presentes la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Regional de Risaralda y la Defensoría del Pueblo.
Necesidades para la región en salud
La Secretaría de Salud de la Gobernación del Chocó tocó temas de dotación y mejoramiento del puesto de salud de Aguasal y otros existentes, tratamiento de los brotes de malaria, prevención y atención para las enfermedades de transmisión sexual, mortalidad perinatal y fortalecimiento del programa de parteras.
En este aspecto, las comunidades reclaman construcción del puesto de salud de zona 2, más medicamentos y profesionales para los tres puestos de salud existentes, además; brindar capacitaciones, bonificaciones a las parteras y jaibanás o médicos tradicionales y realización de brigadas de salud en territorio.
Proyectos productivos, infraestructura, capacitaciones y formación
En cuanto a productividad comunitaria, frente a los compromisos con el componente agropecuario, el Ministerio de Agricultura adquirió pactos para implementar cuatro proyectos productivos y 32 huertas con plantas medicinales y que las mujeres participen activamente en este proceso.
Para ello se retomarán mesas presenciales con las autoridades de las cuatro zonas de Alto Andágueda, para avanzar en la planeación, formulación y montaje de los proyectos.
Por su parte, Prosperidad Social, enfatizó su intervención en dos aspectos: inclusión productiva y mejoras en infraestructura, se tocó el tema de contribución al acceso de alimentos para autoconsumo, mejoras locativas y proyectos productivos para permanecer en territorio.
En desarrollo de la reunión el SENA manifestó que ya tiene los instructores listos para brindar capacitaciones y hacer acompañamiento frente a componentes como: crianza de pollos de engorde, cría de peces y cría de cerdos.
Así mismo, se adelantó una formación de primeros auxilios para realizar acompañamiento al proceso de desminado humanitario que se está llevando a cabo en el territorio y se está a la espera de la formación de la guardia indígena y otros integrantes de la comunidad, en procesos de construcción de vías, edificaciones y montaje de redes eléctricas para el desarrollo de proyectos.
Música y danza ancestral, artesanía y confección son otras de las formaciones académicas que están pendientes por adelantar específicamente con las mujeres emberás que habitan en el Alto Andágueda.
Protección y gobierno propio
En cuanto al Ministerio del Interior se adelantarán procesos frente a temas como censo de las cuatro zonas indígenas de Alto Andágueda y fortalecimiento del gobierno propio.
La Unidad Protección Nacional planteó la necesidad de activar el protocolo de ruta de protección colectiva, que son medidas de protección que tienen una evaluación de riesgo previa para la base de la comunidad y a su vez una formación y capacitación a la guardia indígena para que el entorno de seguridad sea eficaz y coordinado.
Otros temas importantes tratados fueron: la interconexión eléctrica de las comunidades de Alto Andágueda y la protección a los niños, niñas y adolescentes por parte del ICBF.
Finalmente, Invías anunció que ya cuentan con un recurso de $3.000 millones de pesos para realizar la intervención de los puntos más críticos entre Conondo y la vereda Agüita, y se iniciará por el punto denominado Alto Curripipí, proceso que será complementado por el DPS (Departamento de Prosperidad Social).
Todos estos proyectos, medidas, formaciones y procesos tendrán un seguimiento específico por parte de la Unidad para las Víctimas y se fortalecerá a través de los próximos ingresos al territorio programados para finales de julio y septiembre de 2023.
