Una modalidad de fraude al sistema de salud que se ha aprovechado de la vulnerabilidad de más de 50 mujeres embarazadas en los últimos meses para cobrar grandes sumas de dinero por concepto de licencias de maternidad se está reactivando en el país.
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Así queda en evidencia luego de un análisis de las EPS asociadas en Gestarsalud, sobre todo aquellas más vulnerables, puedan tener un acceso a la salud digno, igualitario y de calidad desde el modelo del aseguramiento.
En concreto, en la vigilancia sistemática de los recursos de la salud que hacen Gestarsalud y sus EPS, se identificaron conductas de algunas empresas en diferentes regiones del país que afilian mujeres embarazadas a través de vínculo laboral para, con presuntas formas ilícitas, apropiarse del pago de las licencias de maternidad.
El fraude se inicia cuando contactan a mujeres en embarazo; la empresa que fungirá como empleadora las afilia como trabajadoras cotizándoles con una base de salario mínimo por los primeros meses; en algunos casos solo las afilian por salud, sin cotizar a los demás sistemas de la seguridad social; luego, en los meses posteriores, incrementan la base de cotización a salarios que en algunos casos pueden llegar a una variación de 200, 400 por ciento o más; de esa forma, al momento del parto la base salarial es mucho mayor y sobre ella las EPS deben reconocer el pago de la licencia de maternidad.
El fraude se presenta en la apropiación de los recursos de la licencia de maternidad que se establece según la cotización del momento del parto, como definen las disposiciones vigentes.
Se ha identificado que tan pronto se inicia el periodo de licencia de maternidad se vuelve a bajar la base de cotización y en algunos casos las desvinculan, incluso antes de que cumplan este periodo.
De acuerdo con la información recopilada por las asociadas en Gestarsalud, más de 50 mujeres gestantes han sido víctimas en los últimos meses de este fraude, que a pesar de haberse documentado desde el 2017 sigue presentándose sin que haya intervenciones de fondo por parte de todas las entidades involucradas en el proceso.
Al tratarse de un fraude recurrente se estima que las pérdidas de recursos puedan ser millonarias.
Por estos hechos ya las EPS asociadas en Gestarsalud han interpuesto acciones penales en la Fiscalía y han entregado pruebas a las diferentes entidades, solicitando su intervención para detener estas acciones fraudulentas.
