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Desde hace varias administraciones, la legalización de barrios ha sido una bandera con la cual se pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, en algunos casos, más allá de la formalización, no ha significado mayor avance.
Por Natalia Chipatecua
El propósito de la legalización de los barrios en Villavicencio es llegar a las zonas más vulnerables de la ciudad, para ofrecer alternativas a los propietarios y generar desarrollo urbano. Los resultados en materia de legalización, pretenden generar un proceso continuo de transformación alrededor de estas zonas.
Bajo la alcaldía de Wilmar Barbosa (2016-2019), se legalizaron 11 asentamientos en la ciudad, lo que significó incluso superar la meta de 10 barrios propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal.
En ese entonces, barrios como Villa Juliana, Calamar, Balcones de Brasilia, el Topacio, Uniportales, Villas de Alcaraván, Prados de Caño Grande, entre otros, se beneficiarían de programas de inversión por parte del Estado, lo que traería a futuro infraestructura moderna, escenarios deportivos, y mejoramiento de vías, por estar legalizados.
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Jaime Cárdenas, presidente de Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Balcones de Brasilia, dijo a Periódico del Meta que, aunque faltan cosas por trabajar, la formalización de ese sector permitió gestionar algunos proyectos.
“En aquel entonces la administración trabajó de la mano con nosotros. Gracias a la legalización obtuvimos dos parques; un parque con la administración de Wilmar Barbosa y otro biosaludable se logró con la Gobernación”.
“Además, el barrio ganó con un proyecto que llama Salones de Desarrollo Integral Comunitario (DIC), que pretendía crear no solo de un salón comunal para eventos sino de un lugar autosostenible funcional; se presentaron 144 proyectos y ganó el de nosotros, pero se estancó porque faltó compromiso por parte de la comunidad”, contó Cárdenas.
Con jagüeyes (pozos de más de 100 metros de profundidad) la comunidad de este barrio en la comuna 5 de Villavicencio, se surte de agua.
“Tenemos alcantarillado, estamos conectados con el Plan Maestro. Pero no podemos hablar de vías hasta que tengamos la línea hidráulica del acueducto. En febrero tuvimos una reunión con el barrio San Agustín con el alcalde y no sé qué pasó, todo quedó en el limbo. Nosotros tenemos la viabilidad del acueducto por el lado de amarillo (sobre la vía entre Caracolí y Charrascal), pero no llegamos a una conclusión”, sostuvo.
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Señala que deben 450 millones de pesos por impuesto predial, en los 350 predios del sector, lo que ha perjudicado hacer las escrituras. “Teníamos listo el tema de zonas de cesión (vías, parques, terrenos para salón comunal, zonas verdes), pero quedó frenado por el tema del pago del impuesto. La idea es seguir gestionando el tema del acueducto y pavimentación de vías”.
Por su parte, Gilberto Pedraza, quien fue líder comunal del barrio Topacio, legalizado en el 2017, indicó que es un sector olvidado por las administraciones.
Pedraza sostuvo que “hicieron una inversión de $50 millones y se consiguieron unos columpios y parques biosaludables, pero al poco tiempo muchas casas subieron de estrato y con ello el costo de los recibos. Para la pavimentación del barrio se hicieron algunos arreglos de vía, se dejó listo para la capa de asfalto y no volvieron. Hace más de seis años no le meten máquinas ni polideportivos, las calles están mucho más deterioradas”.
En medio del ‘sabor agridulce’ que les dejó la legalización de su sector, resalta el servicio educativo que se reactivó en la escuela que había sido olvidada y que pertenece a la Institución Educativa Narciso Matus Torres.
Sigue la legalización
Actualmente, en la alcaldía de Juan Felipe Harman, se han legalizado nueve barrios, y la formalización de estos sectores, ha sido un gran reto para la administración, según Mario Romero, secretario de Planeación.
“En la ciudad existen cerca de 300 barrios sin legalizar, el 70% del suelo es informal. La ciudad generó expectativas en materia económica, población migrante que generó una dinámica del suelo y conlleva a asentamientos informales”, dijo el funcionario.
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De acuerdo con Romero, la administración ha avanzado en sectores como Comuneros y San Benito, pero también en polígonos y sectores precarios como Portales de Covisán, Quintas de La Esperanza o Caudales. “Eso implica que hoy ya tienen acceso a servicios públicos individuales, tienen acceso a proceso de titulación, tienen el reconocimiento de su urbanismo, y permite al municipio generar inversiones alrededor de ello”.
Delia García, habitante y exlíder comunal del barrio La Azotea, legalizado en diciembre pasado, expresó que: “por el momento no hemos tenido ninguna mejora; la legalización fue en diciembre y ahorita la nueva junta no ha mencionado ningún cambio. Están arreglando el puente que comunica Mesetas y la Azotea. Una cosa es legalizarlo y otra es la escrituración, y no se ha dicho nada al respecto”, precisó García.
