Avanza proceso por corrupción contra exgobernador de Vichada

El exgobernador de Vichada, Andrés Espinosa (2012 – 2015) y Manuel Alberto Villalba Tavera exsecretario de Hacienda y gobernador encargado, serán acusados ante la Corte Suprema de Justicia, por irregularidades en un contrato firmado en 2015, para la dotación del CINER.

Según el portal Cambio, en un artículo publicado el pasado 17 de julio, los dos exgobernadores ya tenían programada la audiencia de acusación, pero fue aplazada porque “la defensa de los exfuncionarios está buscando un acercamiento con la Fiscalía para lograr beneficios judiciales a cambio de la información que pueden entregar sobre el contrato” que los tiene en líos judiciales.

Durante la administración de Andrés Espinosa se construyó en Vichada el Centro de Investigación de Energías Renovables CINER, una millonaria obra que no terminó cumpliendo ningún objetivo, pues al día de hoy no se encuentra inutilizada. En su mandato, Espinosa generó seis contratos alrededor de esa mega obra, uno de ellos, destinado a la dotación del Centro, por un valor de 2.318 millones de pesos, que fue suscrito siete días antes de terminar su periodo: el 23 de diciembre de 2015. En este contrato, la Fiscalía descubrió irregularidades en la adjudicación y un millonario detrimento patrimonial.

El documento al que tuvo acceso el portal Cambio dice que las irregularidades en ese contrato empezaron en abril de 2013 cuando personas vinculadas a la empresa que después resultó contratada, se reunieron con el gobernador Espinosa en su despacho. “Dice la fiscal del caso que en la elaboración del estudio previo, al parecer, Manuel Eduardo Torres, primo de Carlos Alberto Gutiérrez; Lucila María Gallo y César Augusto Zambrano, entregaron a la gobernación el listado de libros, las especificaciones del mobiliario y los precios que aparecen en el ítem descripción técnica del objeto a contratar, a partir de los cuales se soportó el valor del contrato”, detalla el artículo periodístico.

En otras palabras, dice Cambio, el valor del contrato lo fijó la Gobernación del Vichada a partir de los precios sugeridos por esos particulares que estaban interesados “a partir de cotizaciones falsas allegadas por estos a nombre de Gustavo de Jesús Ríos López”.

El otro hallazgo de las autoridades es que los objetos que debían entregar, “se los vendieron a la Gobernación con un incremento de hasta el 451%”, relata Cambio. “Por ejemplo, los libros y las bases de datos las adquirieron con el Grupo Penta Distribuidores por 365 millones de pesos, pero después la Unión Temporal los vendió a la gobernación del Vichada por 956 millones de pesos. Los libros los vendieron un 125% más caros del valor que los compraron y las bases de datos un 451% por encima del valor del mercado”.

Cambio recoge en su artículo que algo similar ocurrió con la dotación del auditorio, la “Unión Temporal Dotación Vichada los compró por 351 millones de pesos y los facturó a la gobernación por 1.361 millones de pesos, es decir, un 288% por encima del valor del mercado”.

Para la Fiscalía, el exgobernador y exfuncionario incurrieron en los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. 

Según Cambio, “la audiencia de acusación se aplazó porque los exfuncionarios quieren contar cómo se hizo el pacto ilícito y quiénes participaron. En manos de la fiscal 2 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Francy Eugenia Gómez, está la decisión de si los escucha o no y si cambia esa información privilegiada por algún beneficio”.

Nota del editor: En la versión inicial de esta nota (que también se publicó en nuestra edición impresa del mes de julio), erróneamente involucró al exgobernador Manuel Villalba (2004 – 2007) fallecido en 2014, quien no tiene nada que ver en el proceso.