La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que la demanda presentada en contra del apartado del Estatuto Tributario de 2019, que establece la base gravable del impuesto sobre el patrimonio, no exponía razones suficientes para pronunciarse de fondo al respecto.
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Según la Corte Constitucional, “no se expuso ninguna razón para justificar la necesidad de que la Corte variara su criterio en torno a la relación de las disposiciones de rango legal que definen las bases gravables de impuestos sobre el patrimonio y la reserva tributaria establecida en el primer inciso del artículo 317 constitucional”.
“En ausencia de estos dos elementos, la Corte no contaba con los mínimos elementos para emprender un juicio para revisar el cambio de precedente vinculante vigente, por lo que la demanda no consiguió suscitar una duda mínima acerca de la necesidad constitucional de un cambio jurisprudencial para revisar el artículo acusado”, señaló la Sala Plena.
La base gravable sobre el impuesto al patrimonio hace referencia al valor del patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones, sociedades o entidades extranjeras, al primero de enero de 2021 y 2022, que excluye las deudas y un monto sobre el valor de la vivienda donde habita la persona.
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De acuerdo con la demanda presentada por Sandra Sarmiento, aunque se permite descontar una parte del valor de la vivienda de habitación, ello no sería suficiente, pues la Constitución excluiría todos los bienes inmuebles de la base gravable, sin importar su valor, naturaleza o destinación.
Vale señalar que el magistrado ponente, Alejandro Linares Cantillo, aclaró que aunque la demanda no tenía elementos suficientes, sí planteaba un debate constitucional de fondo sobre la reserva tributaria en favor de los municipios.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO
