El extranjero habría aprovechado su condición de propietario de un hostal para retener en un cuarto a la víctima, a quien además, se cree, sometió a maltratos físicos.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización del ciudadano canadiense Andy Asselin, quien habría retenido ilegalmente a una menor de 13 años en un hostal de su propiedad, ubicado en Santa Marta (Magdalena). Por estos hechos el hombre fue imputado por el delito de secuestro simple agravado, cargo que no aceptó.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Magdalena con apoyo de la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes, evidenció que el 26 de abril de 2024 la víctima habría sido secuestrada y torturada por dos personas, una de ellas Asselin, de 29 años por, supuestamente, haber tomado sin permiso algunos objetos del hostal.
La evidencia física recaudada permitió determinar que la víctima, al parecer, fue llevada por la fuerza a una de las habitaciones del lugar, donde fue amarrada de pies y manos, y sometida a tratos degradantes.
La detención del extranjero se logró en medio de un procedimiento de rutina adelantado en un puesto de control instalado por la policía de turismo en la terminal de transportes de Cartagena. Durante los procedimientos de rigor, los uniformados se percataron de la existencia de una circular azul y orden de captura expedida por Interpol en contra de Asselín.
Un juez de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario.
VHGB/AMCJ/MAGA/SH/DSM/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
