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Capturados trece presuntos miembros del Clan del Golfo en Sucre

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Capturados trece presuntos miembros del Clan del Golfo en Sucre

En un operativo conjunto de la Policía, Armada y Fuerza Aérea fueron capturados 13 presuntos miembros del Clan del Golfo y otros 10 fueron notificados en prisión.

Los capturados que, según la Policía, pertenecían a la subestructura Manuel José Gaitán, tenían órdenes judiciales por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, trafico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los operativos de captura fueron desarrollados por la fuerza pública en los municipios de Sincé, Galeras, Betulia, Corozal, en la subregión Sabanas.

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De acuerdo con un informe de la Policía losa capturados en la “Operación ODIN” serían los responsables de varios homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones.

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El informe oficial señala que por medio de entrevistas, interceptaciones telefónicas y la recopilación de otras pruebas logran el esclarecimiento de, al menos, 11 homicidios y una tentativa, ocurridos en el presente año, en los que resaltan el homicidio del señor patrullero Gabriel Lengua Serpa, ocurrido en el municipio de Betulia en el Departamento de Sucre.

De igual manera dentro de la investigación se pudo establecer que “Alias Levis” articulaba las finanzas del tráfico de estupefacientes en los municipios de Corozal, Betulia, Sincé y Galeras y articulaba con alias “La Flaca” la logística y los Homicidios selectivos, fijando víctimas que no cumplían con las pretensiones y extorsiones del Clan del Golfo.

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Los capturados en esta operación fueron identificados como: Daiber José Jaraba Tovar, José Payares Anaya, Israel Ricardo Cerdeño, Yesid de Jesús, Levis Ester Montes, Yesica Paola Novoa Guzmán, Eduardo Olivera Oviedo, Marco Antonio Hernández, César Quiroz, Carlos Mario Herazo, Jaime Luis Meza Galván, y Cristian de Jesús.

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Sucre

La masacre de Pichilín: 25 años. Un hito jurídico entre las graves violaciones a los derechos humanos y el DIH

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La masacre de Pichilín: 25 años. Un hito jurídico entre las graves violaciones a los derechos humanos y el DIH

Eliécer Viotola Villalba, sobreviviente y familiar de una de las víctimas. Foto de sucrenoticias.com
Angeles

Este sábado, 4 de diciembre, se cumplen 25 años de uno de los primeros hechos violentos más graves ocurrido en los Montes de María: la masacre de Pichilín, en Morroa.


Documentada de manera más detallada hace dos años por un reportero de este diario y dos del periódico Al Día, es la primera incursión de los paramilitares en los Montes de María en Sucre, y fue el inicio de un recorrido conocido tristemente como la ‘Ruta de la muerte’, que marcó el horror que causaron las Autodefensas en esta próspera y fértil región de Colombia mediante las masacres.

Como cada 5 de diciembre, la población de Pichilín no dejará pasar por alto esta fecha; las víctimas tienen un monumento a orilla de la vía principal con sus nombres propios.

El Consejo de Estado también se ha unido a la conmemoración mediante la publicación de un documento con jurisprudencia sobre graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

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En la justicia administrativa, cuyo órgano máximo en Colombia es el Consejo de Estado, está demostrado, como en otros casos, que el Estado fue responsable de estas muertes porque no garantizó la vida de las víctimas.

Así se lee en el extracto de la sentencia por este caso, emitida el 9 de julio de 2014 con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero.

«El daño tuvo origen tanto en la esfera de la acción así como en la omisión estatal, en la medida en que si bien se comprobó que ningún agente militar actuó en la comisión de la masacre de Pichilín, sí prestaron su colaboración activa para que la misma pudiera llevarse a cabo con total impunidad y además era de público conocimiento que los miembros del grupo paramilitar que operaban en la zona, eran quienes empleaban esta modalidad de delitos para lograr sus cometidos», dice un aparte de la publicación de la alta corte.

Sabían lo que iba a pasar

Y añade que esta situación era «bien conocida» por la fuerza pública, pues omitió la labor de protección y vigilancia de los habitantes de la zona, de la que había recibido múltiples denuncias y quejas sobre las amenazas a la población civil.

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«En este evento la responsabilidad del Estado se vio comprometida de forma especial y particular, porque precisamente, la administración pública -y especialmente en los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “Convivir” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad al fenómeno del paramilitarismo, cuyo objetivo era exterminar a los grupos subversivos, pero que terminó involucrando a la población civil, en su mayoría ajena al conflicto. Fue precisamente ese comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales», se lee en otro aparte.

Las entidades de la fuerza pública ya mencionadas fueron condenadas por el Consejo de Estado y ordenó las siguientes medidas pecuniarias y no pecuniarias:

Masacre de Pichilín

Este extracto lo puedes encontrar presionando el siguiente enlace (páginas 395 a 397).

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Sucre. Llegan más de 130 mil dosis contra la covid-19; las enviarán a los 26 municipios

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Sucre. Llegan más de 130 mil dosis contra la covid-19; las enviarán a los 26 municipios

Personal de la Secretaría de Salud recibe las vacunas. Foto de cortesía de la Gobernación.
Angeles

Ciento 30 mil 400 dosis de Moderna, Sinovac y AstraZeneca llegaron al departamento de Sucre esta semana como parte del fortalecimiento de la cobertura de vacunación contra la covid-19.


Las dosis fueron distribuidas a los 26 municipios de Sucre y serán empleadas en primeras dosis, segundas y de refuerzo, informó la Gobernación.

De Moderna llegaron 39 mil 600 dosis; de AstaZeneca, 38 mil 400, y de Sinovac, 52 mil 400. La Administración departamental, que recibió el lote por parte del Ministerio de Salud, señaló que lo ideal es que la ciudadanía siga acudiendo a los puestos de vacunación a completar su esquema.

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Comunicador social de la Unad y periodista becado por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Especialista en Gerencia Informática. Sincelejano. Portador del carné CO843 de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

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Sucre

Desmovilizados de las AUC piden garantías de seguridad tras el asesinato de Ángel Berrocal

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Hieren a bala a un hombre entre Boston y El Socorro

Foto de referencia: Pixabay.
Angeles

Desmovilizados del que fuera el bloque Montes de María de las Autodefensas y que hoy conforman el Colectivo Nacional de Excombatientes de las AUC, se pronunciaron en un comunicado escrito tras el asesinato de su compañero Ángel Miguel Berrocal Doria, ‘Gocha’.


El escrito, de cuatro puntos, inicia lamentando y rechazando el homicidio del «amigo y desmovilizado, hombre de paz», quien apareció muerto en zona rural de Montería, en la vía a Tierralta.

«Le presentamos a toda la familia nuestras más sinceras condolencias y toda la solidaridad en momentos de tanto dolor y acompañamos especialmente a su Sra. madre, esposa e hijos en el luto que desde hoy embarga a su hogar», expresan al comienzo.

Los excombatientes pidieron que se adopten medidas necesarias en procura de garantizar la seguridad e integridad de los desmovilizados de las extintas AUC.

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«Hacemos un llamado URGENTE al Gobierno nacional, a las autoridades competentes, al señor fiscal general de la Nación, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAPP-OEA, a la magistratura de Barranquilla, Salas de Justicia y Paz; a la juez de ejecución de sentencias única para el Territorio Nacional de Justicia y Paz, a la Unidad Nacional de Protección UNP, a la ONU Misión Colombia y a la CIDH», señala la comunicación.

Por último, condenaron «este nuevo ataque criminal contra otro desmovilizado» y subrayaron que son ya 4 mil 953 los exintegrantes de esa organización asesinados.

«[…] teniendo como telón, el silencio impune del Estado colombiano y de quienes predican y dicen defender una “paz” que solo le brinda garantías y premia a un actor del conflicto, mientras que criminaliza, excluye y silencia a otro actor del conflicto que se la ha jugado por la PAZ», concluyen.

«Que Dios expíe sus culpas a nuestro amigo «Cocha» y sea este, el juicio divino, el desanso de su alma. Hasta siempre amigo», añaden en la parte final.

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