Unos 256 reclusos, en calidad de “sindicados” y a la espera de juicio, se encuentran recluidos en la cárcel Las Mercedes de Montería, bajo un esquema alimenticio, de salud y seguridad totalmente preocupante porque no cuentan con el apoyo de la Alcaldía de Montería.
Así lo denunció Eduardo Villera Toledo, dragoneante y presidente del Sindicato de Empleados del Sector Penitenciario (Sintrapecun), quien alerto que los privados de libertad bajo esta condición son responsabilidad de la administración municipal que se ha mostrado silente ante este caso.
Villera Toledo precisó que desde hace cinco años la Alcaldía no se ha abocado a firmar convenio con el Inpec para poder suplir las necesidades de los detenidos y otros beneficios que por ley le toca al personal de seguridad y administrativo de la referida institución.
“La Ley 65 en su artículo 19, literal A, establece que para poder recibir el Inpec a los privados de libertad (sindicados) debe haber previo convenio, tal cual lo establece la ley. Sin embargo, llevamos cinco años recibiendo personas privadas de la libertad (PPL) sin que haya convenio que le corresponde a la Alcaldía”, sostuvo el funcionario.
El funcionario alertó que están usando los recursos del Inpec, los cuales son destinados exclusivamente para los reclusos ya condenados, para poder suplir también las necesidades alimenticias de los que están a la espera de un juicio.
“Decimos que se está incurriendo en un peculado porque se están desviando los recursos que son exclusivamente para los condenados y no para los sindicados”, argumentó el vocero, quien elevó un llamado a la administración municipal para que se sienten en una mesa de diálogo a buscar prontas soluciones.
