De acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana se obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra 17 presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) Calatrava, que estarían dedicados a la extorsión y trafico de estupefacientes en cinco barrios del municipio de Itagüí (Antioquia).
Entre los judicializados figura Julián Andrés Gaviria Márquez, alias la Chinga, presunto cabecilla del grupo ilegal, así como tres supuestos coordinadores.
De los 17 procesados, 16 fueron capturados el pasado 5 de marzo durante 25 diligencias de allanamiento y registro efectuado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional. En las acciones judiciales adelantadas en Itagüí y Sabaneta se logró la incautación de marihuana, 2cb, 2 radios de comunicación y dinero en efectivo. Alias Mello, quien se encuentra con medida de aseguramiento intramuros por el delito de tráfico de estupefacientes, fue notificado en centro carcelario.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de Medellín, ‘Calatrava’ semanalmente le exigía $50.000 a los taxistas de la zona, para permitirles trabajar y $5.000 a las viviendas del sector por la supuesta vigilancia.
Durante las audiencias concentradas, sólo uno de los capturados conocido como alias Cucho, se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía habla con resultados.
NAMT/MG/AL/YMAS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
