El hoy procesado también estaría involucrado en el manejo y distribución de las armas de fuego usadas por una estructura delictiva dedicada a la extorsión y la venta de estupefacientes en la localidad de Ciudad Bolívar.
La Fiscalía General de la Nación presentó material de prueba suficiente para demostrar que Julio César Cabezas Castillo, alias Yapa, habría participado en un homicidio colectivo ocurrido el pasado 21 de mayo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En ese sentido, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Este hombre haría parte de una red delictiva conocida como ‘Los Niches’ o ‘Zetas’, la cual está involucrada en el cobro de extorsiones y en la venta de estupefacientes al menudeo. El rol criminal que ejercía estaría relacionado con el manejo y distribución de las armas de fuego.
La investigación permitió conocer que alias Yapa y otros señalados integrantes de la organización citaron en un establecimiento de comercio a tres personas que se oponían a sus actividades ilícitas, con el supuesto de arreglar las diferencias. Sin embargo, en medio del diálogo, presuntamente, sacaron armas de fuego, les dispararon de manera indiscriminada y posteriormente les robaron varias pertenencias.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos imputó a Cabezas Castillo los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir y hurto calificado. El procesado no aceptó los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/CAM/DST/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
