El intercambio constante de información, y el apoyo técnico y tecnológico de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos permitieron establecer que los registros audiovisuales eran compartidos indiscriminadamente.
La Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía Nacional, logró la identificación y posterior captura de una mujer señalada de explotar sexualmente a sus hijos de siete y un año y medio, en Cúcuta (Norte de Santander).
En marzo pasado, autoridades estadounidenses realizaron una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en Baltimore, en el estado de Maryland. En el procedimiento fue encontrada una memoria USB que almacenaba varios videos con contenido sexual, los cuales fueron grabados con menores de edad.
Los análisis evidenciaron que los registros audiovisuales, en los que sobresalían vejámenes de distinto tipo, se habrían realizado en Colombia, exactamente en el lugar de residencia de la hoy procesada.
Una fiscalía seccional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Norte de Santander recopiló abundante material de prueba en contra de la mujer y obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada en Tunja (Boyacá).
La detenida fue presentada ante un juez de control de garantías e imputada por los delitos de pornografía infantil y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados y la investigada deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
MPHA/AMCJ/JARG/FMDC/EDBC/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
