El investigado habría participado en varios asaltos ocurridos en ciudades de la Costa Atlántica.
Luego de valorar los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Germán Andrés España Álvarez, presunto integrante de una red delincuencial responsable de múltiples hurtos ocurridos en Bolívar, Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena.
A este grupo ilegal se le atribuye el asalto y posterior asesinato de María Mercedes García Rodríguez, gerente y propietaria de una reconocida empresa de estética facial y corporal, en hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2022, en Tolú (Sucre).
De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Sucre, España Álvarez estaría involucrado en dos robos sucedidos en febrero y agosto del año en curso, en Lorica (Córdoba) y Mompox (Bolívar),respectivamente.
En el evento más reciente habría amordazado a una de las víctimas y arrebatado más de 150 millones de pesos.
Adicionalmente, se verifica la posible participación de este hombre en un homicidio registrado en Cartagena (Bolívar), en febrero pasado.
La Fiscalía imputó a Germán Andrés España Álvarez los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.
El procesado, de 33 años, fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional, en Mompox.
En los registros oficiales presenta varias anotaciones por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; homicidio, receptación y violencia intrafamiliar.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
