Por solicitud de fiscales de la seccional Meta, jueces aseguraron en centro carcelario a tres hombres que habrían incurrido en delitos sexuales contra menores de 13 y 14 años.
Se trata de hechos aislados ocurridos entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, en tres municipios del departamento.
El primer caso ocurrió en área rural de Barranca de Upía, donde fue judicializado Marco Antonio Daza Galindo, de 67 años, quien en diciembre de 2022 y marzo de 2023 le habría realizado tocamientos de índole sexual a una menor de 14 años a quien acechaba.
Mediante orden judicial el procesado fue capturado este 23 de noviembre en área rural de esa localidad por la Policía Nacional e imputado ante un juez por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.
El segundo hecho se presentó en área rural de Puerto Lleras en marzo pasado, cuando un hombre, entonces padrastro de la víctima de 13 años, ingresó a la habitación de la menor a quien habría manipulado sexualmente tapándole la boca para que no gritara.
El hombre, de 43 años, fue capturado el pasado 19 de septiembre en vía pública de dicho municipio y la Fiscalía lo imputó ante un juez por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
Y en hechos ocurridos en mayo de 2023, en área rural de Acacias, fue capturado por orden judicial Brahian Stiben Marulanda Betancour, quien mediante engaños habría llevado a una menor de 13 años a un sector de su vivienda donde al parecer la abusó sexualmente.
El hombre fue capturado este 22 de noviembre en área rural de El Retorno (Guaviare) y la la Fiscalía le imputó ante un juez el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos endilgados.
La Fiscalía habla con resultados.
PYMP/CFG/JHM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
