Fiscales adscritos a la Seccional Guainía – Vaupés lograron que jueces de Inírida impusieran medidas carcelarias en contra de dos hombres, quienes presuntamente sometieron a vejámenes de tipo sexual a varios menores de 14 años.
En el primer caso, Guillermo Rafael Rodríguez Giraldo, un militar adscrito al Batallón de Selva # 45 de esa capital, habría accedido sexualmente, y de manera reiterada durante el primer semestre del 2023, a una menor de 13 años, quien finalmente quedó en estado de embarazo.
El pasado sábado 4 de noviembre, cuando Rodríguez Giraldo se disponía a abandonar la ciudad al terminar sus servicios militares en esta localidad como soldado, fue presentado y judicializado ante el juez, como responsable el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, al que no se allanó.
Tío de menores de 13 y 6 años los habría abusado sexualmente.
En otro hecho, una fiscal imputó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y de actos sexuales con menor de 14 años, a un hombre que en noviembre de 2020 habría accedido sexualmente a su sobrina de 13 años, tapándole la boca para que no gritara y amenazándola con matarla si decía algo de lo sucedido.
El delito se presentó en el barrio El Jardín de la capital del Guainía, donde posteriormente los padres de la víctima se enteraron de lo sucedido dando aviso a las autoridades.
Para el año 2018, al parecer, este hombre también habría abusado de su sobrino de 6 años, practicándole actos sexuales en sus genitales. El imputado no aceptó los cargos endilgados en su contra.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
