Como resultado de un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que lleva a cabo el proceso de inscripción de ciudadanos para votar, y el Consejo Nacional Electoral, corporación competente para investigar los hechos que puedan constituir una inscripción irregular de cédulas, este último determinó iniciar el procedimiento para establecer la posible inscripción irregular de cédulas en los departamentos de Casanare, Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda y Vichada.
En la página web de la Registraduría Nacional, en la sección ’Inscripción irregular de cédulas – Trashumancia electoral’, se pueden consultar las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con la posible inscripción irregular de cédulas, con miras a las elecciones territoriales del 2023.
La inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, más conocida como trashumancia electoral, es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el artículo 389 del Código Penal (Ley 599 del 2000) con el nombre de fraude en inscripción de cédulas:
«Artículo 389. Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.»
La Registraduría Nacional hizo un llamado a candidatos, servidores públicos y ciudadanía en general para que no incurran en delitos electorales (artículos 386 a 396C del Código Penal), entre ellos, el fraude en inscripción de cédulas y, de esta manera, contribuyan a la realización de unas elecciones territoriales transparentes y al fortalecimiento de nuestra democracia.
