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domingo, septiembre 20, 2020

Caso por crimen de Galán llegará a la Corte Suprema de Justicia

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El 31 de agosto vence el plazo para que se interponga el recurso de casación por el caso por el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán en el que fueron absueltos dos exuniformados por su presunta responsabilidad en el magnicidio.

Hace dos meses el Tribunal de Cundinamarca absolvió al coronel (r) Manuel Antonio González quien en la época de los hechos era el jefe de protección del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y además  mantuvo la decisión de primera instancia que había declarado inocente al mayor retirado Luis Felipe Montilla, excomandante de la Policía en Soacha.

Frente a esta decisión los representantes de la familia del concejal Julio Cesar Peñaloza Sánchez, que murió en la atentado contra Galán, ya interpusieron el recurso para que la Corte conozca del proceso contra los dos uniformados que según la hipótesis de la Fiscalía ayudaron en el plan para asesinar criminal en la Plaza de Soacha perpetrado en 1.989.

Según registros judiciales aún no han presentado el recurso la familia Galán y la Procuraduría.

En la decisión, el Tribunal abre una nueva hipótesis sobre el papel que habrían cumplido otras personas en los hechos. Señala que hay fotografías del momento del crimen en la plaza de Soacha y que un miembro del comité organizador de la manifestación política reconoció a uno de los sicarios como miembro de su propia comitiva. Y cuestiona que el tema no fue parte de una línea de investigación de la Fiscalía, ni se profundizó en esos indicios, para establecer la presencia de sicarios en la comitiva “dejando a la deriva aspectos relevantes que posiblemente hubiesen conducido a la obtención de una verdad real y procesal para las víctimas de tan ominoso suceso”.

En concreto cuestionan que no se hubiera investigado al entonces alcalde de Soacha Héctor Fernando Ramírez, que, dice el expediente, fue quien autorizó la construcción de la tarima en la que subieron a Galán y que facilitó la acción de los sicarios.

Por el magnicidio fue condenado el exministro Alberto Santofimio Botero a 24 años de cárcel, quien recibió la libertad condicional y estaba pendiente de que quedara acreditado el pago por los perjuicios ocasionados a las familias de las víctimas.

Como parte de la investigación, en 2014 la Fiscalía citó a declarar a los políticos del Tolima Álvaro Sierra y Alfonso Parra Pérez. Y recientemente reapareció el nombre del excongresista Jairo Ortega, cercano a Pablo Escobar, en expedientes judiciales, esta vez citado a declarar en el caso por el crimen del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

En el proceso ha sido clave la labor de la Procuraduría que ha pedido la vinculación formal de personas al proceso y además solicitó que el caso fuera declarado delito de lesa humanidad.

Si bien personas cercanas a la investigación señalaron que aún falta que políticos sean llamados a dar explicaciones por el crimen de Galán Sarmiento, por los lados de la Policía y el DAS tampoco se han cerrado todos los cabos sueltos. No solo siguen las investigaciones por el plan de debilitamiento del esquema de seguridad de quien para la época de los hechos era la persona más amenazada del país, y que fue herido rodeado solo de seis escoltas, sino de quienes pusieron en marcha un plan para desviar la investigación.

Por esos hechos ya está condenado el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, quien cumple una pena de 30 años de cárcel aunque insiste en su inocencia hasta el punto de buscar llevar su caso a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), que en abril de este año dijo que no es competente para revisar su condena.

La Fiscalía ha avanzado en líneas de investigación en la que aparecen otros uniformados de la cúpula de la Policía en Cundinamarca como el general Argemiro Serna, quien al momento del crimen era subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.

En febrero del año pasado la Fiscalía señaló que el oficial “omitió dar cabal cumplimiento a sus deberes” de proteger a Galán, y mientras avanza la investigación en su contra, le prohibió salir del país.

En la misma decisión, el ente investigador le cerró el proceso al coronel Gentil Vidal Sarria, excomandante operativo de la Policía de Cundinamarca, y le cerró el caso, por su muerte, al coronel Gustavo Alfonso Leal Pérez, excomandante de la Policía en Soacha. Sobre su responsabilidad, el delegado de la Procuraduría General ha insistido en varias ocasiones en que sean llamados a juicio.

Por el plan para desviar la investigación que llevó a la injusta captura de Alberto Jubiz Hazbum y Norberto Murillo Chalarca, entre otros, a quienes sin ninguna evidencia detuvieron en 1989 en el centro de Bogotá y presentaron como los autores del crimen, fue vinculado el general Óscar Eduardo Peláez Carmona, entonces director de la Dijín que adelantó las investigaciones por el homicidio.

Por esos mismos hechos acaba de ser escuchado en versión libre el general Carlos Enrique Rodríguez González, quien para la época del crimen estaba en la Dijín y participó en las capturas.

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