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Todo ciudadano que enfrenta un proceso penal tiene derecho a ser asistido por un abogado.
En casos en los que no pueda elegir o cubrir los gastos de un defensor propio o de confianza, tiene la posibilidad de solicitar la asignación de un defensor público.
Los defensores públicos hacen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo.
Se trata de un servicio gratuito, que en materia penal se presta por la Defensoría Pública a solicitud del interesado, del fiscal del caso, del Ministerio Público o del juzgado a cargo del proceso.
Los defensores públicos están capacitados y habilitados para participar en las diferentes etapas del proceso penal, y asumir la representación judicial y asistencia legal de la persona vinculada penalmente para hacer valer el derecho a la defensa técnica y otras garantías.
El defensor público no sólo asesora y orienta al procesado sobre los hechos punibles que se le atribuyen, y le explica sus implicaciones, también lo acompaña en los interrogatorios, controvierte las pruebas, recopila y solicita las pruebas a favor, lo asiste en todas las diligencias judiciales que sean programadas durante el proceso.
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