El Gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, estarían en la mira de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, por haber suspendido un proceso de licitación cuyo objeto era el suministro de raciones alimentarias dentro del programa de alimentación escolar.
El Vicecontralor con funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, informó que desde ese ente de control oficiaron a la Procuraduría para que investigue la conducta del mandatario casanareño, quien decidió suspender una licitación que iba en curso con el objeto de garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar a los niños el 29 de enero, señaló.
“Esta licitación se suspendió, no se aclararon las observaciones que presentaron los oferentes que era como el mecanismo más idóneo para superar las dificultades relacionadas con precios o con la minuta y esto puso en riesgo, lo que hoy se materializó y es que los niños no están disponiendo del programa de alimentación escolar”, indicó el Vicecontralor.
Informó que no hay pérdida de recursos, lo que hay es una no oportuna prestación de un programa que debió iniciar con el calendario escolar.
El funcionario hizo un llamado para que la Procuraduría intervenga de inmediato y pueda revisar las condiciones en las que la Gobernación determinó la suspensión de esta licitación.
En su momento la Gobernación de Casanare mediante un comunicado a la opinión pública informó que la anterior administración el 27 de noviembre de 2023 revocó el proceso de licitación, publicando un nuevo proceso. Un mes después se ordenó mediante acto administrativo la apertura de la licitación pública CAS-OAJ-JL-024-2023 el 29 de diciembre de 2023, por eso el proceso no sería adjudicado antes del 31 de diciembre, por lo que no era posible la implementación del PAE el 29 de enero de 2024.
Igualmente aclaró que el 11 de enero se presentaron 44 observaciones por parte de cuatro interesados en el proceso, con las que se impactaban la estructura del presupuesto y las condiciones técnicas esenciales del servicio que no podían ser objeto de subsanación y que por estos motivos la nueva administración revocó el acto de apertura de la licitación que había sido expedido el 29 de diciembre de 2023.
